Presencia militar en labores de orden público

“La solicitud que traemos desde el municipio de Maipú es solicitarle al gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna”, señaló el alcalde de esa comuna con motivo de su visita a la ministra del Interior el martes pasado. La razón de la petición es la falta de dotación policial y la crisis de seguridad que se enfrenta en esa y otras comunas, cuestión que fue respaldada por otros ediles de la Región Metropolitana de distinto signo político, según ha consignado este diario en los últimos días. Claramente es un tema que ha venido sumando apoyos ante el agravamiento de la situación de seguridad y que se anticipaba podría llegar a ser discutida a causa del fracaso en la ejecución de otras políticas para enfrentar el fenómeno criminal.

Las labores de orden y seguridad públicas en términos generales están encomendadas a las policías y en forma extraordinaria se permite la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de excepción constitucional, durante los procesos electorales y para proteger la infraestructura crítica “cuando exista peligro grave e inminente” y resguardo de algunas zonas fronterizas. Sin embargo, hay dos proyectos que deben avanzar rápido en su discusión para despejar cualquier interrogante, especialmente en los últimos dos casos. El primero es el que regula la infraestructura crítica -por mandato constitucional- y, el segundo, el que determina las reglas de uso de la fuerza, resultado del protocolo de acuerdo que se firmó durante la tramitación de la reforma constitucional que permite mandatar a las FF.AA. para proteger dicha infraestructura y zonas en fronteras.

Es una materia originalmente lejana a las prioridades del gobierno, y que sigue generando críticas internas en su coalición. Sin embargo, la realidad ha demostrado que las condiciones actuales en cuanto al tipo de organizaciones criminales -incluso transnacionales, como el Tren de Aragua o los carteles mexicanos-, la cooptación de espacios, la potencia de fuego de la delincuencia, el narcotráfico, la complejidad de los delitos y el nivel de violencia, requieren dejar de lado prejuicios ideológicos y adoptar enfoques diferentes y nuevas herramientas. Es por ello, que junto a potenciar de mejor y mayor manera a las policías y desarrollar una adecuada labor de inteligencia, incluir en ciertos roles a las Fuerzas Armadas no se puede descartar. Muchos países lo hacen en casos excepcionales -basta recordar la protección de estaciones de metro, monumentos o espacios públicos en Europa- sin que ello signifique que se comprometa el estándar de su democracia, sino que, por el contrario, la salvaguarda. Ello no descarta avanzar eventualmente en una reforma más profunda de nuestras distintas instituciones encargadas de la seguridad interna y externa para responder de mejor manera a las nuevas amenazas del mundo actual, como el crimen organizado.

Sorprende en todo caso que una situación que a nivel regional se venía conformando, consolidando y expandiendo desde hace varios años, para muchos de nuestros actores políticos se trataba de una amenaza inexistente, porque el país habría tenido una institucionalidad que le permitía estar a resguardo de este fenómeno. Un diagnóstico que comprometió el sentido de urgencia con el que debía abordarse la situación. La propia dilación en la tramitación de ciertos proyectos, como el de una nueva ley de inteligencia, son prueba de ello, como también el hecho de que siendo conocida la opinión de las Fuerzas Armadas de que no están preparadas para asumir funciones de orden público o seguridad interna, nadie haya considerado relevante avanzar en ello, capacitando a los militares. Incluso considerando que había estados de excepción que podían demandar su intervención. Es de esperar que en esta oportunidad en forma transversal se recoja la demanda ciudadana, y no se trate simplemente de un oportunismo político atendido el año electoral que estamos iniciando.

Es importante, sin embargo, que las normas que se discuten respondan a un análisis adecuado y no la complejicen introduciendo elementos como el de las indicaciones que buscaban en el proyecto de reglas de uso de la fuerza extender el tratamiento diferenciado a ciertos grupos, lo que generó una justificada polémica por sus implicancias en relación a la igualdad ante la ley y a un trabajo pre-legislativo que denotaba deficiencias.

Es fundamental que las reglas de uso de la fuerza consagren una adecuada observancia a los derechos individuales de la población, pero que a la vez otorguen certeza jurídica a quienes tienen el monopolio de su uso para poder desempeñar el mandato que la Constitución y las leyes les dan. Se deben establecer claramente las condiciones, fijando los límites en materia de responsabilidad penal, causales eximentes y atenuantes, para evitar así que un marco reglamentario confuso termine inhibiendo la actuación policial o de las Fuerzas Armadas, situación que revestiría especial gravedad, porque terminaría debilitando irremediablemente el efecto disuasivo que se busca.