Presiones para postergar IVA a los servicios

A fines de enero del presente año, se aprobó la ley que creaba la Pensión Garantizada Universal (PGU). Para financiar los gastos permanentes de la PGU, se acordó como una de las fuentes de financiamiento la eliminación de la exención al IVA a los servicios. Así, se cambia la lógica actual, definiendo que todos los servicios pagan IVA, salvo aquellos expresamente exceptuados como los de educación, salud y de transporte de pasajeros, así como los servicios personales prestados por personas naturales mediante emisión de boleta de honorarios y los de sociedades de profesionales que no tengan capital adicional. Para su adecuada implementación se acordó un período de transición de 11 meses, de modo que su aplicación comenzará a partir del próximo 1 de enero.

Para llegar a esta fuente de financiamiento se recorrió un largo camino. En enero de 2021, la llamada Comisión Tributaria, compuesta por técnicos de un amplio espectro político, entregó un informe con las principales conclusiones y recomendaciones sobre la mantención, eliminación o modificación de diversos beneficios tributarios existentes en el sistema tributario chileno. Esta comisión, tomando como insumo el trabajo elaborado por la OCDE y el FMI sobre el gasto tributario en Chile durante gran parte del año 2020, recomendó por mayoría, con un voto en contra, gravar con IVA todos los servicios, sin distinción, y mantener o establecer exenciones para casos justificados de acuerdo con criterios preestablecidos.

El informe de la OCDE-FMI señalaba que, por regla general, todos los servicios debieran ser gravados, salvo que se contemplen exenciones para determinados sectores en base a criterios justificados. Y respecto de los servicios profesionales, es claro en remarcar que éstos se encuentran generalmente sujetos a IVA en la mayoría de los países, salvo excepciones específicas.

A la luz de los antecedentes expuestos, este proceder bien podría marcar un estándar para las políticas públicas en nuestro país. Las autoridades de Hacienda de la época encargaron estudios de primer nivel con organismos internacionales para realizar una evaluación técnica y comparada de alto nivel. Luego, convocaron a los expertos con una amplia representación política, que apoyaron su eliminación, para finalmente concretarla en una ley como parte del financiamiento de una importante política social, como fue la creación de la PGU, agregando un periodo de transición razonable.

Por todo lo anterior, es difícil de explicar la solicitud de postergación por parte de algunos gremios empresariales y profesionales, así como empresas auditoras, entre otros. De allí que resulte acertada la decisión del Ministerio de Hacienda en cuanto a no dar lugar a dicha solicitud, la que cabe esperar se mantenga, toda vez que también se ha sumado la presión de algunos parlamentarios. Esta exención tributaria, que hasta hoy beneficia a unos pocos, en poco tiempo más comenzará a aportar los cerca de US$400 millones anuales para el financiamiento de la PGU, beneficiando a cerca de dos millones de personas.