Prioridades del gobierno en educación

En el contexto de la tramitación de la Ley de Presupuestos del sector público para el próximo año, esta semana se presentó en el Congreso la partida correspondiente al Ministerio de Educación. Tras las exposiciones del Ejecutivo y frente a las numerosas inquietudes manifestadas por los legisladores, finalmente se decidió postergar la votación de este ministerio y así poder ampliar la discusión para la Comisión Mixta.

Qué duda cabe de que Educación se trata de una cartera clave, no solo por la cuantía de los recursos que involucra -sobre los $17 billones para 2025-, sino también porque en la distribución de estos se manifiesta con claridad cuáles son los énfasis y prioridades de cada gobierno. En ese sentido, resulta preocupante constatar que, siguiendo con la tendencia de los últimos años, una vez más el área que registra el mayor incremento de gasto es la educación superior. En efecto, un análisis de Libertad y Desarrollo muestra que si el gasto total de este ministerio aumentará en $310 mil millones, el destinado a dicho nivel educativo crecerá en $308 mil millones, casi la totalidad de los cuales se explican por el incremento en los dineros para el financiamiento de la gratuidad.

No son claras las razones de dicha alza, toda vez que para el próximo año no se contempla el ingreso de nuevas instituciones al beneficio ni tampoco la extensión a los estudiantes pertenecientes al séptimo decil de ingresos. Con todo, resulta poco comprensible e incluso lamentable que el gobierno insista en priorizar la educación superior, pese a los desafíos que enfrenta el nivel parvulario, con una caída en la cobertura y una necesidad de incrementar y equiparar el gasto por niño, así como el escolar, con un deterioro en aprendizajes, en asistencia y en el clima escolar, solo por mencionar lo más evidente.

En relación con este nivel educativo, el ámbito donde se registra el mayor aumento del gasto es en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), debido a la creación de un nuevo fondo denominado Fondo de Incentivo para la Gestión de los SLEP por $65 mil millones. En el papel, este tiene por objeto entregar recursos para contribuir a la sostenibilidad financiera de los nuevos servicios; pese a ello, no se explicita de qué manera se cautelará que los recursos entregados vayan realmente a mejorar la gestión y no terminen sencillamente financiando los déficits vigentes producto precisamente de las debilidades en esta. Eso ya ocurre con el actual Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el cual se gasta mayoritariamente en el pago de remuneraciones. De acuerdo con lo reportado por el Consejo Evaluador de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Educación Pública, una de las razones de las brechas financieras se halla en la sobredotación de docentes y asistentes heredada desde los municipios, algo que ya es momento de que los SLEP comiencen a resolver de manera satisfactoria.

Es de esperar que en la Comisión Mixta se mejoren los elementos que dejan dudas y, en especial, que se avance en allegar los recursos hacia aquellos ámbitos que debieran ser prioritarios.