Prioridades e interrogantes del Presupuesto 2024

El Presidente Gabriel Boric anunció las prioridades que tendrá la Ley de Presupuestos 2024, las que sin perjuicio de que en general parecen bien orientadas, dejaron algunas interrogantes que deberán ser dilucidadas durante su próxima tramitación.

Por de pronto, el gasto público crecerá un 3,5% respecto al 2023, por sobre el crecimiento potencial (2,3%) y del rango medio del crecimiento estimado por el Banco Central (1,75%). El incremento del gasto público está determinado por los ingresos estructurales, que se determinan en base a los parámetros del precio del cobre y crecimiento potencial, definido por expertos externos. El Ejecutivo debería explicar en los próximos días cómo un crecimiento de gasto del 3,5% es consistente con la meta de balance estructural para el 2024 de -1,8 puntos del PIB, como también consistente con la meta establecida por el gobierno de lograr que el balance fiscal se ubique el 2026 en -0,3 puntos del PIB. Según el último informe de finanzas públicas, para que se logre esa meta el gasto público el 2025 y 2026 deberá crecer un 1,6% y 0,1% respectivamente, lo que pareciera ser un escenario poco probable considerando el crecimiento del gasto público en las últimas dos décadas.

Con el escenario descrito anteriormente, la deuda pública alcanzará su mayor nivel desde 1991, llegando a cerca de 41 puntos del PIB con gastos de intereses por sobre los US$ 3.800 millones. Se espera que en la discusión parlamentaria se puedan ponderar los escenarios de riesgo expuestos por el Consejo Fiscal Autónomo, que podrían terminar afectando las metas de sostenibilidad de la deuda pública establecidas por el Ejecutivo.

Si bien en materia de eficiencia del gasto público no se realizaron anuncios, es un área donde el Ejecutivo deberá mostrar importantes avances, particularmente en medidas de austeridad máxima en burocracia estatal -remuneraciones y gastos de soporte a la operación- como en los 358 programas que cuentan con deficiente evaluación. Llama la atención, por ejemplo, el anuncio en la cadena nacional sobre la contratación de seis mil nuevos funcionarios para la salud, donde son conocidas las ineficiencias del sistema, algo que el Ejecutivo deberá explicar durante la tramitación.

En materia de regulación de las transferencias, el Presidente Boric señaló que se incluyen “muchísimas modificaciones para poder elevar los estándares y el buen uso de los dineros por parte del Estado”. Si bien este anuncio va en la línea correcta, atendidos los escándalos relacionados con traspasos de fondos hacia fundaciones, estas regulaciones deben cuidar de no desincentivar ni reducir la virtuosa y necesaria colaboración de la sociedad civil con el Estado para resolver de manera oportuna y eficiente las urgencias ciudadanas. Con todo, en principio parecen bien orientadas las definiciones en orden a reforzar la concursabilidad para las transferencias corrientes y de capital a privados, nuevos estándares para convenios y la eliminación de la asignación directa para la ejecución de políticas públicas en el caso de los gobiernos regionales, entre otras.

Respecto de las prioridades ciudadanas, se propone un aumento en los recursos destinados a algunas áreas como seguridad pública (+5,7%), educación (+4,1%), salud (+8,1%) y vivienda (+11,9%). En lo que respecta a seguridad, si bien no se dieron a conocer mayores detalles, es importante que el Ejecutivo dé a conocer la efectividad y resultados del aumento de recursos el 2023, con el objeto de asegurar que los nuevos fondos tengan la efectividad esperada por la ciudadanía. En cuanto a salud, si bien se planteó un aumento de cobertura, una parte importante de los recursos debería priorizarse en reducir las crecientes lista de espera.

En los lineamientos de este presupuesto 2024 sorprende que en materia de educación -área que resulta central para los intereses del país- solo un 5% del aumento de los recursos se destine al plan de reactivación educativa. Pareciera ser un presupuesto muy insuficiente, considerando los dramáticos efectos que provocó la interrupción de clases durante la pandemia y que han implicado varios años de retroceso en los procesos de aprendizaje.

En materia de reactivación económica, la inversión pública se mantendrá en un nivel similar al 2023, siendo lo relevante contar con las capacidades para ejecutar apropiadamente. Sin embargo, sabemos que la principal reactivación provendrá del sector privado, responsable de más del 80% de la inversión. Se espera que el presupuesto incluya recursos junto con mejorar procesos para que, en lo que corresponda al Estado, no ralentice la aprobación de los proyectos; se trata de algo que en el actual contexto de menguadas expectativas de crecimiento y un progresivo deterioro del mercado laboral resulta indispensable, pues una verdadera reactivación pasa por generar mucha mayor inversión, y el Estado no puede ser un obstáculo.