Proceso constitucional sin acuerdo político

Las esperanzas depositadas en la Comisión Experta para alcanzar en dicha instancia un acuerdo político amplio en materia constitucional se vieron definitivamente frustradas, cuando fue evidente que a pesar de los esfuerzos desplegados ni oficialismo ni oposición pudieron presentar un paquete de modificaciones consensuadas, lo que obligó a votar por separado cada una de las propuestas formuladas por los bloques. En las semanas previas las directivas de los principales partidos políticos se habían movilizado con el fin de allanar propuestas de acuerdo, conscientes de que era importante enviar una señal a la ciudadanía de respaldo hacia el proceso para que llegara a buen puerto.

Pese a que la Comisión Experta había logrado en una primera etapa ponerse de acuerdo en un anteproyecto que contó con la unanimidad de sus 24 integrantes, en esta oportunidad, cuando correspondía formular observaciones al texto evacuado por el Consejo Constitucional -donde la mayoría de derecha introdujo una serie de modificaciones resistidas por la izquierda-, dicho consenso no prosperó, lo que fue motivo de recriminaciones mutuas. A la hora de examinar las razones de por qué el acuerdo político esta vez no fue posible, probablemente la razón que más ha incidido es que a estas alturas -cuando sólo restan poco más de tres semanas para que el Consejo deba despachar el texto- las distintas fuerzas han comenzado a decantar anticipadamente su postura de cara al próximo plebiscito, donde ya parece claro que la derecha se inclinará por la postura “a favor”, mientras crecen los indicios de que la izquierda lo hará por la opción “en contra”, justificándose en que se trata de un texto partisano, que sólo representa a un sector.

Ciertamente que no es una buena noticia para el proceso que sin esperar el texto definitivo los bloques ya estén tomando posturas anticipadamente, porque ello implica que en lo que resta los incentivos ya no estarán puestos en agotar los esfuerzos para lograr un texto lo más consensuado posible, sino en buscar un posicionamiento electoral afianzando las posturas propias, lo que probablemente hará que tiendan a extremarse, tal como ya se comenzó a ver en la Comisión Mixta. Un texto que no venga precedido de un acuerdo político amplio también arriesga que su base de apoyo sea menos amplia, lo que dista de ser lo ideal cuando justamente se busca que la nueva Constitución sea lo más unitaria posible.

Este actuar con posturas ya decantadas quedó bastante claro en la forma como esta semana actuó el oficialismo en la Comisión Experta, donde a pesar de los gestos que sobre todo hizo Chile Vamos -y en algunos casos republicanos- para intentar que la izquierda diera sus votos a favor en los cambios propuestos, no rindieron frutos. Fue el caso, por ejemplo, de ofrecer que en distintas materias se introdujera el concepto de “solidaridad”, o consentir que el estado social y democrático de derecho quedara en el artículo primero. En materia de aborto -un aspecto donde hay posturas muy encontradas entre izquierda y derecha- la enmienda propuesta por el oficialismo para eliminar la frase “la ley protege la vida de quien está por nacer” fue rechazada, pero dicho sector tampoco dio sus votos para una modificación que propuso Chile Vamos -también respaldada por Amarillos y Demócratas- que apuntaba a modificar esta disposición por “la ley protege la vida del ser humano antes de nacer” e intentar con ello un gesto de flexibilidad. Ni siquiera hubo disposición para aprobar otra enmienda que buscaba restituir la redacción de la actual Constitución (“la ley protege la vida del que está por nacer”). Aunque está claro que dichas fórmulas distan de lo que la izquierda aspiraba, llamó la atención que sus representantes mostraran una postura tan cerrada.

Previsiblemente esta actitud responde a que sus expertos no quieren aparecer validando aspectos que podrían ayudar a la campaña del “a favor”. Este cambio de postura no deja de ser llamativo, sobre todo en aquellos comisionados del mundo del Socialismo Democrático, sector que había impulsado con mucha fuerza la idea de allanar acuerdos. Probablemente haya pesado aquí la intención de no crear más dificultades con el PC y el Frente Amplio, lo que complicaría al gobierno y los planes para conformar pactos electorales en las municipales de 2024.

En el caso de la derecha, procuró que todo el articulado en relación con asegurar la libertad de elección en salud y la propiedad de los fondos de pensiones -dos materias muy resistidas por la izquierda- no fueran objeto de ningún cambio, lo que previsiblemente también responde a un posicionamiento electoral.

Con todo, cabe no perder de vista que pese a no lograrse un acuerdo político amplio, igualmente se introdujeron una serie de modificaciones en materias controversiales, con la participación de más de un sector. Gracias a ello la propuesta de texto va mejorando, lo que no debe ser minimizado. Una muy relevante fue eliminar la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda, pues no corresponde constitucionalizar el sistema tributario, sin perjuicio de que republicanos pretende insistir en ello en comisión mixta. También se removió la causal de estado sitio por amenaza terrorista, lo mismo que la objeción de conciencia personal e institucional, así como la expulsión en el menor tiempo posible de extranjeros que hayan entrado al país en forma ilegal. Tampoco se constitucionalizará la justicia militar. A ello se suma una serie de cambios de orden estrictamente técnico que fueron aprobados por amplio consenso dentro de la Comisión, todo lo cual indica que esta instancia no fue del todo en vano, y que la falta de consenso político no debería ser impedimento para seguir introduciendo otras mejoras.