Programa de Jadue: cifras que no cuadran

Al analizar la propuesta económica del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, debe considerarse la difícil situación fiscal en que el próximo gobierno recibirá el país tras la pandemia. Intentando hacer proyecciones realistas en cuanto al ajuste del gasto público que será posible llevar a cabo entre este año y el fin del próximo gobierno, se ha estimado que la deuda pública, que este año alcanzará al 36% del PIB, llegaría hacia 2025 al 62% del PIB. Las cifras pueden ser peores, y llevar al país a una crisis financiera severa, si se considera lo difícil que será revertir la tendencia a un peso creciente del Fisco, que este año llegará a 33% del PIB y que debería volver bajo 30% del PIB para materializar esas proyecciones, en circunstancias que la situación laboral y social seguirá crítica por un período prolongado. Lo que resulta indispensable en estas circunstancias es austeridad, disciplina fiscal y vuelta rápida al crecimiento, mientras se mantienen apoyos sociales indispensables.

El planteamiento de Jadue es la antítesis de lo requerido, comprometiendo un gasto fiscal creciendo fuertemente en un contexto de reformas laborales y tributarias que previsiblemente van a acabar con el crecimiento. Según los responsables de su programa, el costo fiscal del sinnúmero de medidas que se están considerando alcanza a 11% del PIB, unos US$ 35 mil millones, o dos y media veces el costo del programa económico del actual gobierno. Se promete apoyo fiscal para eliminar cotizaciones para salud y así aumentar salarios líquidos, para hacer sostenible un salario mínimo de $567 mil, mejorar en 53% las pensiones para los jubilados y más de 100% en el caso de las mujeres; para remunerar el trabajo de dueñas de casa con 75% del salario mínimo, para aumentar la inversión pública en US$ 5 mil millones, para extender la gratuidad en educación superior y para ir condonando el CAE. Todo esto agregado a la creación y financiamiento de una miríada de instituciones para la gestión colectiva de muchas iniciativas y áreas temáticas que buscan sustituir intercambios en el mercado.

No es plausible desarrollar este programa sin extremar el endeudamiento fiscal. La reforma tributaria que se considera es por de pronto extremadamente intensa. Entre otros aspectos, busca desintegrar impuestos corporativos y a las personas, además de subir la tributación de contribuyentes con ingresos sobre $4.600.000 por mes; un impuesto al patrimonio permanente; aumentar las contribuciones sobre bienes raíces; eliminar el espacio de hasta UF 8.000 por persona para ganancia de capital libre de impuestos en bienes raíces; subir el impuesto al petróleo diésel; eliminar todas las exenciones tributarias que han estado en la discusión reciente, incluyendo a ganancias de capital, construcción, DFL2, renta presunta, etc., y una mayor tributación a la minería y recursos naturales. Con todo ello, solo cabe esperar que, a corto andar, afecte la actividad económica y por ende la recaudación. A estas reformas tributarias se suman medidas para avanzar hacia un sistema en que todo parámetro económico relevante es determinado en instancias centrales o colectivas sin mayor referencia a productividad.

Este programa fiscal exuberante, aplicado a partir de finanzas públicas tensionadas y en una economía que va a perder su pujanza representaría un retroceso muy grave para el país.