Prohibición total en tenencia de armas

La última encuesta CEP reveló que el 50% de la población estima que el principal problema al que debería abocarse el gobierno es el relativo a delincuencia, asaltos y robos, un salto estadísticamente considerable considerando que en mayo de 2021 el 42% lo estimaba como la prioridad central.

El gobierno se ha hecho eco de este problema, asunto que fue abordado por el Presidente de la República en su reciente cuenta pública. Al detallar la batería de medidas para enfrentar el flagelo, el Mandatario hizo mención al programa lanzado en mayo “menos armas, más seguridad”, enfatizando lo relativo a limitar el acceso legal a armamento. El Jefe de Estado fue claro en que el objetivo final no es solo limitar el número de armas en manos de civiles, sino que derechamente avanzar hacia una prohibición total. Lo justificó señalando que “hemos visto lo que pasa en otros países, no permitamos que nos pase en Chile”, frase en la que probablemente aludió a la matanza de escolares que días antes había ocurrido en una escuela de Texas, en Estados Unidos.

La propuesta del Presidente ha abierto una áspera controversia en el país, entre partidarios y detractores de la tenencia de armas. Siendo este un tema de primer orden en varios países desarrollados, la forma en que ha sido planteado por el Mandatario causa perplejidad, pues por un lado justifica poner el tema sobre el tapete a partir de un hecho trágico ocurrido en otro país, pero a la vez presentado como parte de una agenda de seguridad ciudadana y delincuencia. Con ello lo que se ha conseguido es desatar las pasiones en un tema de suyo polémico, pero alejándose totalmente de lo que debería ser el objetivo central de una política de control de armas, cual es desarmar a los delincuentes, perseguir las mafias detrás del mercado de armas ilegales y asegurar protección a la población civil.

Parce evidente que el mayor problema que tiene el país no son las armas en manos de civiles, sino el enorme caudal de armamento ilegal, que de acuerdo con algunas estimaciones cuando menos duplica la cantidad de armas legalmente inscritas, que en sus distintos tipos llega a unas 762 mil. La compra de armas legales en Chile exige cumplir con un extenso protocolo, además de establecer un número máximo de piezas que se pueden inscribir por persona, así como un estricto límite en el número de balas que anualmente se pueden comprar.

No cabe duda de que una de las principales fallas del actual sistema es una falta de fiscalización más exhaustiva de las armas inscritas, pero aun cuando hay una parte de ellas que figuran como extraviadas o robadas, de ninguna manera explican la facilidad con que la delincuencia se logra hacer de armamento de grueso calibre; limitar o prohibir las armas en manos de civiles de suyo tampoco impedirá que prolifere el comercio ilegal. Extraña entonces que los énfasis no estén puestos en aspectos como estos, pero sí en el desarme de los civiles, particularmente cuando a comienzos de este año -tras 14 años de debate parlamentario- se acaba de dictar una nueva ley de control de armas, que hace mucho más estricto el acceso a éstas.