Propuestas concretas para reformar el sistema político

El proceso constituyente ha entrado en su fase final. Está previsto que mañana el Consejo Constitucional vote el proyecto como un solo todo -tal como mandatan las reglas de este proceso-, y considerando que las fuerzas de derecha tienen por sí mismas más de los tres quintos exigidos, se da por descontado que el texto será aprobado. Luego de ello, restaría que se entregue al Presidente de la República, para que convoque al plebiscito del 17 de diciembre.

Es un hecho que hasta aquí los chilenos han mostrado una evidente desafección con este proceso, pero cabe esperar que ya con el texto definitivo, y cuando en los próximos días las distintas fuerzas políticas deberían oficializar su postura a favor o en contra, el debate comience a tomar cuerpo, algo indispensable para un sufragio informado.

En estos días ha quedado claro que existen visiones encontradas sobre el nuevo texto, particularmente respecto de algunas disposiciones -tal es el caso de las normas referidas a la protección del derecho a la vida del no nacido, o aquellos artículos relativos al derecho a elegir en salud y la protección especial a los fondos de pensiones-, lo cual ha llevado a que el debate haya girado excesivamente sobre los desacuerdos, sin prestar atención a que la propuesta también contiene aspectos en los cuales hubo amplio consenso entre los consejeros y expertos, y que definitivamente representan avances importantes respecto al actual ordenamiento constitucional.

En ese sentido, las normas que buscan reformar nuestro sistema político, en particular aquellas que pretenden introducir mayores exigencias a los partidos que aspiran a tener representación parlamentaria -colocando para estos efectos un umbral mínimo de votación- o las que buscan frenar el “discolaje” son de particular relevancia, las que en general han sido valoradas transversalmente.

Es un diagnóstico bastante compartido el hecho de que la gobernabilidad en el país se ha visto muy resentida en los últimos años, lo que se traduce en severas dificultades para alcanzar grandes acuerdos en una serie de materias que llevan mucho tiempo pendientes, justamente por la atomización que existe en el Congreso. Con una veintena de partidos con representación parlamentaria, en algunos casos con parlamentarios electos con votaciones bajísimas, es fácil darse cuenta de las dificultades que encuentran administraciones de distinto signo para gobernar. De allí que resultaba fundamental proponer soluciones concretas para reducir la cantidad de partidos actualmente existentes y apuntar a que se vayan aglutinando en colectividades más grandes y representativas.

En eso el texto propuesto claramente avanza, y aunque inicialmente parecía haber bastante apoyo dentro del propio mundo político para incorporar normas de esta naturaleza, es un hecho que a poco andar los propios partidos empezaron a presionar para flexibilizar algunas de esas disposiciones, debilitando en parte el espíritu original. Es así como si bien tanto el anteproyecto de los expertos como la propuesta del Consejo mantiene que un partido que aspira a tener representación parlamentaria en la Cámara debe a lo menos obtener el 5% de los votos a nivel nacional en la elección de diputados, una norma transitoria en el anteproyecto -y que el Consejo mantuvo- bajó este umbral al 4% para el primer período eleccionario una vez que entre en vigencia la nueva Constitución. El texto también señala que de no alcanzarse el umbral exigido, el partido mantendrá su representación si a lo menos logra conservar ocho escaños. Pero nuevamente una norma transitoria rebajó dicho número a solo cuatro para el primer ciclo -lo que también mantuvo el Consejo-, por lo que el objetivo de reducir lo antes posible la atomización se vería dilatado fruto de las presiones partidarias.

Los expertos también habían diagnosticado la necesidad de introducir normas “antidíscolos” -algo importante para frenar el transfuguismo político, práctica que se ha hecho muy habitual-, y es así como se estableció que cesará en el cargo el diputado o senador que renuncie al partido que hubiera declarado su candidatura, disposición que fue conservada en la propuesta del Consejo, lo que es un avance en disciplina partidaria y gobernabilidad.

Como se aprecia, en lo global las normas aprobadas avanzan en el sentido correcto, pero aun así es importante no perder de vista las resistencias que los cambios al sistema político encuentran en los propios incumbentes, confirmando que una instancia constituyente es el lugar más propicio para facilitar dichas modificaciones, pues es dudoso que en el Congreso exista igual disposición para aprobar normas como un umbral mínimo, o para consentir en disminuir el número de diputados desde 155 a 138, como determinó el Consejo. Quedan pendientes otros debates, como por ejemplo si el actual sistema electoral contribuye al objetivo de dar más gobernabilidad, pero cuando menos la propuesta constitucional ha permitido relevar un tema de la máxima importancia para nuestra democracia.