Propuestas para regular traspasos a fundaciones

Luego de más de 40 días de trabajo, la Comisión Asesora para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro y el Estado ha entregado sus conclusiones, proponiendo 46 medidas concretas que servirán como punto de partida para abordar un nuevo marco regulatorio.

El Presidente de la República nombró esta comisión como respuesta a las grave crisis política e institucional que se desató a partir del escándalo que quedó al descubierto en Antofagasta, tras revelarse que la Seremía de Vivienda entregó más de $400 millones a la fundación Democracia Viva, sin ninguna exigencia especial y existiendo relaciones personales y políticas entre todos los involucrados. A partir de allí se han abierto una serie de investigaciones tanto por parte de la Contraloría como de la Fiscalía, al punto que ya se investigan traspasos por más de $32 mil millones desde diversos organismos públicos.

Era indispensable por lo tanto comenzar a revisar el marco regulatorio que rige las relaciones entre entidades sin fines de lucro y el Estado, a fin de detectar los vacíos que han permitido la proliferación de operaciones altamente cuestionables. Urgente resulta por lo tanto que estas propuestas y otras se traduzca en una batería de proyectos que puedan entrar al Congreso, como una forma de empezar a atenuar los efectos de esta crisis.

Por de pronto, es importante poner atención a los diagnósticos que hace la Comisión. Así, entre varios otros puntos, detecta que no existe una normativa legal permanente y general para trasferencias al sector privado, lo que genera un trato diferenciado desde el Estado; asimismo, se observa una falta de un mínimo de principios y estándares comunes -u homologables- sobre evaluación y ejecución de las transferencias corrientes y de capital. Existe también un uso excesivo de las glosas en la Ley de Presupuestos de cada año, y se observan debilidades en los gobiernos corporativos.

Es positivo en ese sentido que se busque regular a través de una ley en lugar de depender de glosas, como ocurre actualmente. La centralización de las transferencias estatales y de la rendición de cuentas parece ser una medida positiva. Esto facilitaría la identificación integral de las fundaciones, las transferencias y su uso, lo que permitiría tener un panorama claro de las transferencias del Estado a una fundación en particular. Asimismo, la propuesta de medidas de transparencia para las instituciones receptoras de recursos podría mejorar la percepción pública de la sociedad civil mediante un mayor escrutinio público. En el plano de un mejor control, es interesante la propuesta que apunta a dotar a la Contraloría de mayores facultades fiscalizadoras, en este caso para que pueda escrutar recursos que reciben las fundaciones sin fines de lucro cuando estos son superiores al 50% de sus ingresos anuales.

Sin perjuicio de las propuestas contenidas en el informe, probablemente hay margen para seguir regulando mejor lo referido al trato directo, así como las responsabilidades de los gobiernos corporativos. Con todo, es imprescindible que a nivel de gobierno se busque elevar los estándares de las autoridades a cargo de ejecutar las políticas, pues nada se saca con dotarse de las mejores reglas si acaso sus responsables insisten en recurrir al clientelismo o al pago de favores políticos.