Proyecto de amnistía, sin piso político

Parece un hecho que el proyecto que busca conceder una amnistía a personas que cometieran ciertos delitos en el marco del estallido social, ha perdido a estas alturas la mayor parte de su respaldo político, lo que incluso ha sido refrendado por la senadora Fabiola Campillai, quien no obstante ser una acérrima defensora de esta iniciativa, reconoce con realismo que esta iniciativa simplemente no cuenta con los votos suficientes. De allí que ha optado por apelar directamente al Presidente de la República, para que pueda explorar el camino de dictar indultos particulares.

Si bien esta moción pareció encontrar en un inicio un respaldo favorable en amplios sectores de la izquierda chilena, a poco andar se empezaron a hacer evidentes las dificultades para avanzar en su tramitación legislativa. Desde luego, no solo había observaciones de tipo “formal”, pues a pesar de presentarse como un indulto en la práctica tomaba la forma de una amnistía encubierta, pues apuntaba a beneficiar incluso a aquellos no condenados. Pero sobre todo fue evidente que mediante esta iniciativa podrían quedar liberados de toda responsabilidad personas que habían cometido graves delitos.

Sus impulsores esgrimían que cientos de personas se encontraban privadas de libertad injustamente, no solo por el largo tiempo de prisión preventiva en que se encontraban varias de ellas, sino porque también se hizo ver que muchos se vieron forzados a actuar en un contexto excepcional, por lo que algunas de sus conductas pueden encuadrarse dentro de conceptos tales como el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, así como el derecho a la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves del Estado y sus funcionarios contra la población civil.

Peligrosamente se comenzó a naturalizar que cierto tipo de delitos podían justificarse, así como el concepto de “preso político” -algo que además sería alentado desde la propia Convención Constitucional, una de cuyas primeras resoluciones fue exigir la liberación de los “presos políticos mapuche”-, una total desfiguración de la realidad, pues todos los aludidos lo están en virtud de procesos judiciales llevados a cabo por órganos independientes del gobierno, y en ningún caso perseguidos por sus ideas, sino por delitos.

En el transcurso del debate legislativo se ha podido comprobar que la cifra de personas que seguían en prisión preventiva era mucho menor a la indicada por sus impulsores, lo que desde ya restaba impulso a la iniciativa, y los propios senadores se han podido dar cuenta que ante la ciudadanía se hace difícil justificar que una serie de delitos queden en la impunidad. A pesar de que en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta se introdujeron una serie de modificaciones a la propuesta -ya no se rotula como indulto, sino como amnistía, y quedaron excluidos graves delitos, como el homicidio frustrado y el maltrato de obra en contra de las policías-, es claro que en el clima político imperante, donde el flagelo de la delincuencia y el anhelo de recuperar el orden público son cuestiones prioritarias para el país, una iniciativa como esta, aun con sus modificaciones, no cuenta con ningún piso.

Es el momento para desecharla en forma definitiva, porque insistir en ella solo implicaría enviar una señal muy contradictoria a la sociedad, además de tensionar innecesariamente al Congreso. Ello sin perjuicio de que la Fiscalía debe acelerar los procesos, porque tampoco resulta razonable que existan personas aún pendientes de juicio, pese al tiempo transcurrido.