Proyecto para terminar con inhabilidades electorales

El gobierno ha comunicado la decisión a los partidos del oficialismo de apoyar -por la vía de la “suma urgencia”- dos mociones presentadas desde hace un tiempo por el diputado Pepe Auth, la cuales en esencia buscan eliminar todas las inhabilidades de quienes ejercen cargos de representación popular para competir por cualquier otro cargo elegido por la ciudadanía, haciéndose efectiva la pérdida del cargo que ostente en el momento de su inscripción definitiva de su candidatura. La finalidad de dichas reformas es dinamizar la democracia por la vía de estimular la competencia electoral. El gobierno, según ha explicado el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, coincide en ello, agregando que con esta reforma se terminaría con cierto proteccionismo electoral.

No podría desconocerse que la urgencia para tratar estos proyectos coincide con los reclamos que se han dejado escuchar sobre todo en sectores del oficialismo, que han hecho ver la gran cantidad de alcaldes que no podrán ir a la reelección producto de la nueva norma que limitó el número de reelecciones, y cuyas posibilidades de postular a otros cargos se ven además restringidas a raíz de las inhabilidades que ya establece la ley, obligándolos a tener que dejar sus cargos un año antes.

Parece existir consenso entre las fuerzas políticas que una “ley corta” para que excepcionalmente los actuales alcaldes puedan repostular no parece encontrar piso alguno, pues se intuye que con toda seguridad una maniobra así sería vista por la ciudadanía como un desvergonzado intento por seguir manteniendo situaciones de privilegios y desconociendo el espíritu de la reforma. Y si bien el camino de terminar las inhabilidades respondería a un fin enteramente distinto, como es fomentar la mayor competencia electoral, en la práctica se corre el riesgo que termine viéndose como una maniobra de último momento para salvaguardar carreras políticas.

Es inconveniente que una materia de profundos alcances como es el término de las inhabilidades se pretenda agilizar sin el cuidadoso análisis que ello requiere, pues sus alcances son profundos. Hay desde luego buenas razones que aconsejan que al menos en el caso de los alcaldes exista la inhabilidad de un año. El manejo directo de presupuesto local y el contar muchas veces con maquinarias electorales bien establecidas, les da una posición de privilegio y abre amplio margen para que los recursos municipales terminen siendo usados como plataformas de campaña, algo que justamente intenta prevenir las restricciones existentes. De allí que una reforma de esta envergadura debe analizarse en su mérito -puede haber situaciones que efectivamente ameriten una corrección-, sin presiones de la coyuntura y evitar aparecer contaminada por urgencias políticas de corto plazo, algo que no contribuiría a fortalecer la ya menguada confianza ciudadana.