¿Punto de inflexión en La Araucanía?

De acuerdo con cifras entregadas por el fiscal regional de La Araucanía, el número de denuncias por delitos de violencia rural cayó a 561 durante 2022, lo que representa una disminución de 43% en relación con hechos de este tipo acaecidos en 2021. Conforme con este registro, las usurpaciones de terrenos son las que presentan la disminución más relevante, con un 74% menos de ilícitos. Lo sigue el delito de amenazas, que baja más de la mitad respecto de lo ocurrido el 2021 y, finalmente, los delitos violentos, como homicidios u ataques armados, que presentan una caída de 7%. En materia de ataques incendiarios, que ha sido una constante en La Araucanía, también se registra una caída, con 197 denuncias, contra las 226 registradas el año precedente.

La Fiscalía estima que estos resultados pueden deberse a una combinación de factores, tanto en lo relativo a las acciones desplegadas por Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, así como la política de persecución del delito que ha impulsado el Ministerio Público, lo que devino en la desactivación de una serie de bandas relacionadas sobre todo con el robo de madera, y la detención de quienes figuran como cabecillas de algunas de estas organizaciones. La nueva normativa respecto de este tipo de delitos parece estar surtiendo sus primeros efectos.

Ciertamente es una señal positiva que, cuando menos desde el punto de vista de las denuncias, este número presente un descenso, porque podría ser indicativo de que un cuadro que ha estado caracterizado por una violencia extrema pueda estar dando signos de cierta contención. Sin embargo, todavía parece precipitado dar por hecho que en la región se ha producido una suerte de punto de inflexión, pues diversas organizaciones de la Macrozona Sur siguen advirtiendo que los hechos de violencia han estado lejos de atenuarse; de hecho, la Multigremial de La Araucanía señaló que el año 2022 ha sido el más violento del que se tenga registros. Cuando a diario siguen registrándose ataques incendiarios a predios, quemas de camiones, amenazas a faenas forestales y otra serie de hechos violentos es evidente que el clima de inseguridad sigue siendo de extremo riesgo. El mismo hecho de que el Congreso se encuentre renovando a solicitud del Ejecutivo por decimosexta vez consecutiva el estado de emergencia en La Araucanía y parte de la región del Biobío es también un claro indicativo de que los niveles de inseguridad siguen siendo muy elevados.

Con todo, no debe desestimarse el hecho de que el número de hechos denunciados ante la Fiscalía haya mostrado un descenso. Esto es indicativo de que cuando los distintos estamentos del Estado actúan con decisión y coordinadamente, comienzan a traducirse en resultados concretos. La presencia de fuerzas militares también ha sido un factor que indudablemente ha ayudado a brindar mayor seguridad y reducir los hechos de violencia; en tal sentido, es un avance que su despliegue ya no sea discutido desde el propio oficialismo -sin perjuicio de la reticencia del PC y otros sectores-, y que contar con el apoyo de tropas de hecho es ya parte integral en la estrategia de seguridad para la Macrozona Sur.

El 2023 será un año para obtener conclusiones más definitivas si es que acaso se ha logrado por fin un punto de inflexión, pero al menos hay un camino que parece más claro respecto de cómo debe actuar el Estado.