¿Quién quiere ser constituyente?

Por Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21

Tras el aplastante triunfo del Apruebo, gran parte de la dirigencia política afirmó que la ciudadanía les daba nuevamente una oportunidad. Tal vez la última. De manera natural o forzada, recibieron el triunfo con humildad. No es para menos. El movimiento social que nació con el estallido de octubre del 2019 es el principal responsable del acuerdo político que nos permite hoy soñar con una Constitución paritaria y parida en democracia.

Sin embargo, la concreción de esta victoria descansa en una serie de condiciones mínimas que garanticen que efectivamente el país cuente con nuevas reglas del juego construidas por todos y para todos, con mecanismos de deliberación democrática que otorguen legitimidad tanto al proceso constituyente como en el contenido de nuestra nueva Constitución. ¿Basta con la elección directa de los convencionales? Pareciera que no.

En la Constitución de Pinochet que comenzamos a dejar atrás, por el contrario, fueron reglas para todos, escritas por pocos. Su contenido reprodujo el poder económico y político de una élite gracias a la protección que le otorgaron sus propias reglas.

Para efectivamente dejarla atrás, no basta con la redistribución del poder entre los poderes del Estado, ni entre el nivel central y regiones. Debemos pasar de un sistema representativo a uno deliberativo, es decir, redistribuir el poder desde los actores político-institucionales hacia la ciudadanía. Si bien la carrera en la búsqueda de candidatas y candidatos y la propuesta de contenidos constitucionales es a contrarreloj, antes urge establecer garantías mínimas para que el proceso no termine pariendo una Constitución dictada por las élites. El resultado de esta dinámica es conocido.

Lo primero tiene que ver con el reglamento de funcionamiento de la Convención Constituyente. Es en éste donde radica la oportunidad de crear canales de incidencia real para una participación directa y efectiva. Desde sistemas de rendición de cuentas deliberativos en los territorios, pasando por iniciativas populares de contenidos, cabildos hasta plebiscitos intermedios, falta mucho por garantizar que el sistema no termine por ser un sistema donde primen las posiciones de los grupos de interés con más poder. Un proceso que no durará más de 12 meses, requiere de espacios concretos y bien regulados.

Lo segundo tiene que ver con el rol que jugarán los partidos políticos. Guste o no, el actual sistema los transforma en verdaderas aduanas para la entrada de actores e ideas al sistema representativo. No hay democracia sin partidos políticos. Los partidos son instituciones tremendamente relevantes y necesarias para la democracia, por esto mismo, deben entender que deben ceder poder a la ciudadanía, para que su participación valga la pena, porque delibera sobre temas que le importan y afectan.

En tercer lugar está el debate sobre los independientes. ¿Quiénes serán los independientes que los partidos dejarán pasar por su aduana? Hasta ahora, se trata principalmente de personas con alto conocimiento público, presencia mediática y, por sobre todo, con la posibilidad de aportar caudales de votación que ayuden a otros militantes en sus listas. El riesgo que se observa es que incluso los independientes terminen por ser representaciones más cercanas y fieles a la élite chilena que los mismos militantes de base de los partidos. ¿A cuántas dirigentas sociales, sindicales, estudiantiles y de los territorios han llamado las y los presidentes de partidos de la misma forma que han llamado a connotadas personalidades públicas del mundo independiente para pedirles que sean candidatos, junto con ofrecer apoyo real? La verdad es que, al hablar con las estructuras de base nos damos cuenta que a bastante pocos. Incluso, muchos sienten que militar en un partido es como tener la peste. Abrir mecanismos para que independientes puedan competir fuera del alero de los partidos, en distritos donde tengan vínculos reales con sus comunidades, es un paso necesario, pero por sobre todo es una forma de garantizar que el proceso no sea frustrante, nuevamente, para la amplia ciudadanía como tampoco para que los militantes de base sean discriminados.

En cuarto lugar, los centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil tenemos una oportunidad como pocas veces de actuar como bisagra entre la ciudadanía y el órgano constituyente, dado particularmente por nuestra posición privilegiada para ser escuchados, participar en el mercado de las ideas y tener acceso en el proceso de toma de decisiones. Pero aún antes de eso, debemos contribuir en el diseño de esas garantías mínimas para que el proceso entregue nuevas reglas construidas por todos para todos, con legitimidad tanto en su proceso como en su contenido.

No hay margen para que desperdiciemos esta nueva oportunidad. Antes de seguir preguntándonos sobre quien quiere ser constituyente, es necesario que de forma urgente logremos consensos respecto a reglas del juego que garanticen los niveles de participación e incidencia necesarios para la legitimidad del proceso y el resultado, garantizando participación independientes sin pagar peaje, escaños reservados para los pueblos originarios y espacios reales para los militantes de base.