Reacción ante asesinatos de carabineros

El alevoso asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, hecho que tuvo lugar en Quilpué durante un procedimiento policial, ha generado no solo una justificada indignación ciudadana, sino que además ha motivado una amplia respuesta desde el mundo político, que ha transmitido muestras de respaldo a la institución y se ha comprometido a avanzar en la aprobación de una serie de normas que brinden mayor protección a la labor policial.

El crimen de esta funcionaria, quien tenía una reconocida hoja de vida, fue cometido presuntamente por delincuentes con un nutrido prontuario -uno de ellos incluso se había fugado desde la cárcel de Valparaíso en 2021-, y sucede al asesinato del carabinero Álex Salazar, hecho que había tenido lugar en Concepción hace menos de dos semanas. Durante 2022 otros tres funcionarios perdieron la vida en cumplimiento de su deber, marcando un notorio aumento respecto de los casos registrados en años previos.

Estas muertes ciertamente conmocionan no solo por el drama humano y familiar que esconde cada uno de estos episodios, sino porque además exponen en toda su crudeza el alto nivel de peligrosidad que ha alcanzado la delincuencia y el crimen organizado. En tal sentido, estos asesinatos cuando menos han tenido como efecto la apertura de un intenso debate acerca de la importancia de relevar el rol de las policías en tanto brazo esencial del Estado para hacer efectivo el estado de derecho, y la necesidad de asegurar que el ordenamiento jurídico entregue las herramientas necesarias para cumplir efectivamente esta tarea.

Esto, que hoy se presenta como algo evidente, no fue el predicamento que se observó en el pasado reciente, donde incluso sectores políticos que hoy ocupan responsabilidades de gobierno se encargaron de denostar la labor de Carabineros, socavando la autoridad de los policías y presentando su quehacer bajo un constante manto de sospecha de abusos. Hoy, en cambio, se advierte una reacción muy distinta -partiendo por el propio Presidente de la República, quien nuevamente ha manifestado su total apoyo a la institución, e incluso ha hecho ver su intención de acompañar operativos policiales en terreno-, lo que ciertamente es bienvenido y permite empezar a construir una estrategia mucho más coherente para enfrentar el delito. Esto es relevante, porque el punto de partida de cualquier diseño parte por reconocer y respaldar la función que desempeñan las policías.

Desde el Congreso también se han observado señales valiosas. El compromiso suscrito por los presidentes de la Cámara y el Senado en conjunto con el gobierno, para avanzar en la aprobación de quince proyectos relacionados con la seguridad pública en los próximos tres meses, sugiere un clima distinto, proclive a los acuerdos. A su vez, la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados en orden a suspender su semana distrital y destinarla íntegramente a votar siete proyectos de ley relacionados con materia de seguridad -varios de los cuales han tenido como inspiración recientes asesinatos de carabineros- debería ayudar a destrabar una agenda muy necesaria, y que se había visto entrampada por cuestiones ideológicas.

Es fundamental que esta ventana que se ha abierto no solo cristalice en iniciativas que modernicen la persecución penal y fortalezcan el trabajo de las policías, sino que además permita definitivamente dejar atrás los prejuicios ideológicos en materia de seguridad pública.