Realismo frente a la reforma previsional

El curso de las negociaciones en torno a la reforma previsional que propuso el gobierno parece estar muy lejos aún de encontrar un punto de consenso, a pesar de las muestras de flexibilidad que ha mostrado el Ejecutivo en las últimas semanas. Desde el Ministerio del Trabajo ya se ha señalado que el gobierno no pretende insistir en la idea de las cuentas nocionales, y también ha planteado que está disponible para evaluar que dos puntos de la cotización adicional que propone la reforma vayan a las cuentas individuales. La propuesta original contempla que el total de los seis puntos de cotización adicional -que serán de cargo del empleador- vayan a un fondo solidario, idea que es rechazada de plano por la oposición.

En la jornada de ayer el Ministerio anunció que por ahora retiraría la suma urgencia que había colocado hace algunas semanas en dicho proyecto como forma de presionar para agilizar la tramitación, un camino claramente equivocado pues ello solo ha agitado más los ánimos, y tampoco ha favorecido los acuerdos.

Aun cuando con ello se quita algo de presión, las fuertes diferencias que se han visto en los más de ocho meses que lleva discutiéndose esta reforma hacen previsible que para alcanzar un acuerdo en el Congreso se necesitará bastante más que los puntos en que el gobierno ha mostrado flexibilidad. Desde luego, esta reforma previsional va mucho más allá del objetivo de mejorar las futuras y actuales pensiones -algo en lo que todos los sectores están de acuerdo-, sino que implica un cambio refundacional en el actual sistema de pensiones, donde en el afán de terminar a toda costa con las AFP se ha propuesto un modelo estatal que centraliza todos los aspectos logísticos del sistema, mientras que en el manejo de las inversiones también se crea un ente público que tendrá a su cargo la inversión de los recursos con cargo a la cotización adicional; los gestores privados podrán participar, pero limitados a la administración de los saldos provenientes de la cotización obligatoria.

Un modelo de estas características no solo ha encontrado una serie de resistencias por la pertinencia de crear una megaentidad estatal y porque los afiliados perderían parte de la propiedad de sus fondos, lo que ya hace difícil alcanzar consensos, sino que no parece advertirse que insistir en esa dirección va en contra de lo que la propia población espera de una reforma previsional. Un reciente estudio de la Universidad San Sebastián (“Chile nos habla”), reveló que el 78% de los encuestados aspira a que cada afiliado pueda elegir entre un administrador privado o uno estatal, en tanto que el 56% prefiere que el 6% vaya en su totalidad a las cuentas individuales. Algo similar se ha visto en los estudios de Cadem-Plaza Pública, donde el 51% quiere que la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, y el 80% prefiere optar entre una entidad estatal o una AFP para la administración de los fondos.

Con la opinión pública en contra, y con las fuerzas políticas divididas, es claro que a estas alturas es una reforma que a nadie satisface demasiado, por lo que seguir aferrado a ella sin cambios de fondo arriesga su fracaso legislativo y sería ir a contrapelo de la ciudadanía. Como en pensiones sí se necesita un cambio, es mejor centrar la reforma en aquellos aspectos donde sí hay más consenso, como el reforzamiento del pilar solidario, donde la existencia de la Pensión Garantizada Universal ha sido un paso relevante.