Redes sociales y campañas políticas

Macarena Granese, Centro de Estudios Públicos

El debate sobre si las redes sociales deben ser consideradas una plataforma o un medio de comunicación propiamente tal terminó en el momento en que Twitter bloqueó la cuenta de Donald Trump, entonces Presidente de Estados Unidos. La defensa respecto a que ellas son solo un espacio de discusión no puede sobrevivir a una decisión editorial de tal magnitud. Dado que se han tomado atribuciones propias de un medio de comunicación corresponde regularlas, especialmente en el contexto de la realización de campañas políticas. Hoy el debate público se lleva más que nada en estos medios y dada la importancia y confianza que generan como medio informativo, el dejarlas fuera de todo tipo de regulación compromete nuestro sistema democrático.

Las regulaciones electorales buscan evitar que minorías poderosas puedan controlar el resultado de elecciones mediante colusiones entre medios y políticos o mediante la compra de influencia sobre la opinión pública. Es esta finalidad la que condice la importancia de hacerlas efectivas en las redes sociales. Sin embargo, será necesario encontrar un equilibrio entre esta finalidad y el derecho a la libertad de expresión. Una regulación excesiva en la materia podría socavar esta principio, siendo esto igualmente dañino para nuestro sistema político.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de Alemania que en el año 2018 dictó una ley para aplicar las regulaciones electorales a las plataformas digitales. Esta ley exige a las plataformas remover los discursos de odio y desinformación dentro de 24 horas, arriesgando multas de hasta 5 millones de euros. Si bien la finalidad de la ley es loable, su aplicación ha traído aparejada efectos adversos. En primer lugar, esta ley deja a los administradores de redes sociales tomar una simple decisión económica entre soportar una multa por no remoción de contenido o proceder con la eliminación del contenido denunciado, resultando esto en censura de publicaciones perfectamente aceptables. Por otra parte, y quizás más grave aún, la ley empodera a actores privados para decidir acerca de qué contenidos calificarían como ilegales.

Un ejemplo esperanzador es el caso de Panamá, país donde se optó por coordinar el actuar del Tribunal Electoral con el de los administradores de las redes. Este sistema utiliza sus recursos para contrarrestar los efectos nocivos de las redes sociales en el ámbito político, pero sin regular en exceso.

Lo único que está claro en este debate es que no existe una respuesta simple. Así mismo, la solución no surgirá de solo uno de los actores involucrados, ya sea el Estado, los administradores de las redes sociales, la ciudadanía o cualquier otro. La respuesta tendrá que ser una decisión de consensos en la que se defina cuáles son los beneficios que las redes sociales aportan al debate público, y qué conductas lo hacen peligrar. Más aun considerando que lo que se encuentra en juego es nada menos que la libertad de expresión y, porque no, las bases de nuestra democracia.