Reducción en remuneraciones de autoridades

El concejo de la Alta Dirección Publica (ADP), dando cumplimiento al encargo que recibiera con ocasión de la vigencia de la ley que ordenó revisar las remuneraciones de los parlamentarios y miembros del primer nivel del Ejecutivo, determinó una rebaja del 25% de la remuneración bruta para ministros y parlamentarios, y un porcentaje bastante menor para otros altos funcionarios, entre ellos el Presidente de la República. La explicación para justificar las diferencias en las mermas dispuestas resultan algo genéricas, y en cambio parecieran estar más vinculadas a la reacción ciudadana, cuyo interés ha estado puesto fundamentalmente en las altas dietas que perciben los parlamentarios. Los ministros de Estado corrieron la misma suerte, pues la norma constitucional vigente empareja el estipendio de unos y otros, lo que sigue siendo un criterio discutible.

Lo resuelto por la ADP, si bien es transitorio, pues aún debe entrar en funcionamiento el órgano que determinará de manera definitiva las más altas remuneraciones, viene a poner término a una vieja aspiración ciudadana impulsada originalmente por congresistas del Frente Amplio. Es altamente probable que surjan voces que encuentren insuficiente lo obrado por la entidad que recibió un encargo bastante ajeno a su giro orgánico. Con todo, no parece prudente -tampoco muy edificante- para una función tan trascendente como la parlamentaria, en el desarrollo de la democracia, que se prolongue la discusión sobre lo que debe ser una remuneración justa, la que siempre será genérica pues resulta en la práctica complejo ponderar los criterios de mérito o el currículo, como en otras actividades. La rebaja del 25% dejará la dieta de los parlamentarios chilenos en el lugar séptimo de la OCDE, un nivel que resulta algo más razonable, considerando que nuestro Congreso a nivel del bloque es el segundo mejor pagado.

Para los efectos de la fijación definitiva una vez creada la instancia que se abocará con exclusividad a ello, sería pertinente volver al tema pendiente de las asignaciones parlamentarias, materia que expresamente fue excludida en la presente reforma. La magnitud de la mismas -alrededor de $ 11 millones mensuales para cada diputado, y unos $ 23 millones para cada senador-, su pertenencia, su eficaz y autónoma fiscalización constituyen aspectos que no deberían seguir siendo soslayados, pues en tanto siga siendo una materia pendiente, en realidad la rebaja de las dietas parlamentarias será un asunto más bien formal, pero que no apunta a corregir el problema más de fondo. Dichas asignaciones supone entregar un excesivo privilegio a los incumbentes, pues en la práctica parte de dichos recursos termina utilizándose con fines proselitistas.

Aun cuando no está en discusión que el trabajo parlamentario requiere contar con asesoría experta, no se ve razón para que cada legislador disponga de cuantiosas sumas para estos efectos, en circunstancias que se deberían privilegiar fórmulas que impidan o atenúen el discrecional uso que hoy se da a dichos recursos. Una alternativa que debería ser seriamente considerada es que la mayor parte de las asesorías sean provistas por la Biblioteca del Congreso, aprovechando sus capacidades ya instaladas.