Reforma previsional: clave no desconocer los consensos técnicos

El gobierno entregó este miércoles a la Comisión de Trabajo del Senado una nueva propuesta para avanzar en la reforma de pensiones. Los 45 puntos que enumera el documento corresponden a la sistematización de propuestas surgidas en los últimos cuatro meses de discusión del proyecto de ley. Respecto a uno de los temas de mayor divergencia entre gobierno y oposición, el ministro de Hacienda señaló que la distribución de los seis puntos de cotización adicional sería de cinco puntos para ahorro en las cuentas individuales, y un punto para entregar un beneficio permanente que permita compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Según la nueva fórmula del gobierno, de los cinco puntos de cotización que se destinarían a ahorro en las cuentas individuales, se busca obligar de manera transitoria durante 20 años a invertir dos puntos de cotización en un préstamo solidario con el objetivo de financiar beneficios a los actuales y futuros pensionados. Tendrá la forma de un instrumento financiero endosable a nombre del afiliado, el cual devengará una tasa de interés de UF más 2% a 3%, replicando una mecánica similar a los bonos de reconocimiento.

El préstamo solidario quedaría reconocido en las cuentas individuales y respaldado por un activo, tal como ocurre con la inversión en cualquier instrumento de renta fija. Adicionalmente, al ser emitido por un fondo (similar al seguro de cesantía), su fuente de pago serían los aportes fiscales definidos que se van acumulando para hacer frente a los compromisos futuros. Así, la propuesta del Ejecutivo se hace cargo de la crítica planteada por diversos técnicos de no incrementar la deuda pública y que tampoco sea una cuenta nocional.

Estos recursos se destinarían a entregar un beneficio de 0,1 UF por año cotizado a partir de los 5 años, aumentando gradualmente el requisito de entrada hasta llegar a 10 años. Respecto a los potenciales beneficiarios, cabe hacer presente que los integrantes de la mesa técnica de pensiones -creada a instancias de la Comisión del Trabajo del Senado- identificaron que los sectores que estaban rezagados eran aquellas personas que han cotizado más de 20 años, mientras que esta fórmula insiste en asignar los beneficios a partir de los cinco años, sabiendo que esos grupos tienen hoy tasas de reemplazo muy altas, gracias a la Pensión Garantizada Universal.

Por otra parte, la propuesta destina un punto de cotización a compensar a las mujeres por las mayores expectativas de vida -también conocido como el “bono tabla”-, en línea con lo que propuso la comisión técnica. Sin embargo, los mismos técnicos han reconocido que el costo del bono tabla es bastante inferior a un punto de cotización, lo que deberá ser precisado por el Ejecutivo y contrastado con el valor de mercado.

Respecto a otros ámbitos del documento, el gobierno propone algunos temas que no lograron consenso técnico, como por ejemplo que el Estado pueda participar como un actor en la administración de inversiones (AFP estatal) y al mismo tiempo se proponga la licitación de stock de afiliados. Asimismo, se insiste en aumentar la PGU a $250 mil, en circunstancias que la comisión técnica recomendó anclarla a la línea de la pobreza. Con ello previsiblemente se desincentivará la participación de adultos mayores en el mercado laboral así como los empleos formales, efectos contrarios a los objetivos declarados por la reforma.

Aun cuando se percibe un esfuerzo del Ejecutivo por hacerse cargo de los planteamientos de sectores de oposición así como de las expectativas de la mayor parte de la ciudadanía respecto de la distribución de los seis puntos de cotización, la propuesta presenta una serie de dificultades, que deben llevar a un análisis pormenorizado de sus distintos elementos; por de pronto, los beneficios que propone entregar requieren de una mejor focalización; también será necesario aclarar los costos efectivos de la operación asociada a la inversión en el préstamo. Sin embargo, hay otros elementos de la propuesta que no cuentan con el respaldo de la comisión técnica, los que deberían ser revisados más exhaustivamente.

Durante la última década hemos aprendido sobre los efectos negativos que pueden provocar las reformas cuando se desentienden de los consensos técnicos. El Ejecutivo tiene la atribución exclusiva en materia previsional, aun cuando nos hayamos acostumbrado a que esta no se cumpla con los retiros anticipados de fondos de pensiones. En ese orden de cosas, una fórmula que lleve a que en el largo plazo tengamos una distribución de la cotización adicional de cinco puntos para la cuenta individual y un punto para “reparto” parece aceptable como paso para destrabar de una vez las negociaciones, pero ello no debe ser incompatible con la noción de que el Ejecutivo debe liderar el proceso con propuestas que gocen de mayor consenso técnico, que contribuyan a acercar y no distanciar posiciones.