¿Reforma tributaria o pacto fiscal?

Una de las prioridades del nuevo gobierno será su ambiciosa agenda tributaria. Ella es condición de posibilidad de su programa si se resguarda la disciplina fiscal. La pregunta es si será una reforma tributaria más -la cuarta en cuatro gobiernos- y con lógica meramente recaudatoria o, en cambio, la oportunidad para avanzar en un pacto tributario duradero. Uno que entregue certezas y que, al tiempo que recaude, promueva la inversión y evite seguir parchando el sistema cada cuatro años.

Nuestro país necesitará recaudar más. Además de la alicaída situación fiscal por la pandemia, Chile enfrenta importantes demandas sociales. A ello se suma las fisuras y costos que dejará la pandemia en educación, salud o empleo. La forma responsable de financiar esas necesidades es con recursos permanentes y no mediante déficits y deuda, a la larga insostenibles.

El nuevo gobierno plantea subir la recaudación en 5 puntos del PIB en 4 años y en 8 puntos del PIB en 8 años. Como una referencia, la brecha de recaudación respecto a la OCDE (neta de seguridad social, para usar una métrica que compare comparables) es de unos 5 puntos del PIB y la de ingreso per cápita de 17.000 dólares anuales. A diferencia de una reforma centrada en la recaudación, un pacto debiera apuntar a cerrar ambas brechas de forma gradual, sin saltarse pueblos. Ello supone partir por consensuar una métrica para esas brechas y una trayectoria de cierre.

Pero el pacto debiera ir más allá y generar un rayado de cancha tributario estable anclado en grandes principios y objetivos compartidos. Esto facilitaría, enseguida, la discusión sobre los mejores instrumentos para lograr esos objetivos y evitaría que, cada vez que hablamos de recaudación, se arriesgue cambiar la cancha.

¿Cuáles podrían ser los principios compartidos?

Primero, un sistema pro inversión y crecimiento. Esto es central. No sólo porque la recaudación depende de ello. También porque se auguran años complejos en ambos planos. El espejismo del crecimiento de dos dígitos sostenido por exceso de liquidez y consumo, llegará bruscamente a su fin y se requerirán señales concretas para levantar la economía. Tan relevante como una tasa corporativa competitiva es que exista estabilidad en las reglas e incentivos a invertir. Un pacto tributario pro inversión sería una valiosa forma de dar certezas en tiempos de incertidumbre.

Segundo, apuntar hacia un sistema tributario más simple. Esto es, más fácil de navegar por los contribuyentes comunes y corrientes, sin requerir un ejército de abogados o contadores. La simpleza significa, además, un sistema más difícil de evadir y más fácil de fiscalizar.

Tercero, un sistema más justo. En equidad vertical o progresividad tributaria, asegurando que quienes ganan más paguen proporcionalmente más. Pero también garantizando la equidad horizontal. Esto es, que dos personas que ganen lo mismo, independientemente de su fuente de ingreso, paguen lo mismo. La eliminación de exenciones y el combate a la evasión está en línea con este principio, mientras que la desintegración tributaria que se propone va en dirección contraria. La justicia, además de la eficiencia, supone gravar externalidades negativas para internalizar los costos sociales de ciertas acciones. Esto es particularmente cierto a nivel de energías contaminantes y el combate contra el cambio climático a través impuestos verdes.

Por último, el pacto es trunco sin un compromiso en aras de un mejor gasto público. Los impuestos los pagan las personas con su esfuerzo y es deber del Estado asegurar y rendir cuentas sobre el buen uso de esos recursos. Es clave mantener la evaluación de los casi 700 programas que hoy existen, sin temor a cerrar los que son mal evaluados y no llegan adecuadamente a sus destinatarios. Es importante, además, seguir avanzando en presupuestos en base cero como forma de romper la inercia presupuestaria anual y, al igual que en cualquier familia, reasignar recursos en función de prioridades cambiantes.

Entonces, ¿reforma o pacto tributario? Habiendo buenas razones para avanzar en un pacto, ello supone levantar la mirada y salir por un rato de la coyuntura. Darse un tiempo para dialogar y generar acuerdos, tanto técnicos como políticos, con una visión más larga. Un punto de partida podría ser emular o retomar el trabajo pendiente de la Comisión Vergara en la que participaron economistas de todos los sectores políticos, incluyendo del futuro gobierno. Sería un valioso insumo para el debate político que viene.