Regionalización: Institucionalidad Ambiental Territorial

Estamos ad portas de comenzar con la elección de gobernadores, lo cual según varios actores de la política nacional va a marcar un hito en relación a fomentar una mejor regionalización. En relación a ese punto, es un hecho de que al momento de que los gobernadores asuman, va a haber una institucionalidad en desarrollo que probablemente no permita ejercer a cabalidad las funciones del cargo, lo que según algunos va a derivar en un constante gallito entre autoridades con alta votación con las instituciones que actualmente ejercen estas atribuciones.

Mientras algunos argumentan que la señal va a significar que se vaya balanceando el poder para que las regiones vayan adquiriendo mayor protagonismo, hay algunos que piensan que haberlo levantado sin atribuciones, a un alto costo adicional para el estado y además con anterioridad a un proceso de definición constitucional que precisamente puede aclarar muchas definiciones, conlleva un alto riesgo de implementación.

Más allá de argumentar por una u otra posición, el hecho es que entramos en un período de alta incertidumbre en donde los territorios están cada vez siendo más protagonistas de su entorno y que el país requiere urgentemente de un impulso de inversión resiliente y sustentable que promueva el bienestar de sus habitantes.

En concreto, si en el corto plazo se da una espiral de improvisaciones sin un hilo conductor institucional que lo resguarde, corremos un grave riesgo de dañar mucho más al potencial de desarrollo que hay en nuestras regiones.

Si logramos avanzar hacia la elaboración de una guía que permita la armonización de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) con la normativa e institucionalidad vigente tendríamos un gran avance, pero para eso necesariamente hay que recomponer las confianzas y legitimar un camino desde las regiones.

Para no improvisar y mirar el futuro con esperanza, tendríamos que avanzar con dos imperativos: (i) un proceso de articulación y diálogo en los territorios que permitan que la gobernanza avale una componente técnica y ambiental referente y; (ii) lograr que los territorios cambien la dinámica de deuda o pasivo ambiental empresarial a cómo integrar a los distintos actores para que puedan priorizar o ser parte de los planes de desarrollo territorial.

Independiente del cumplimiento sustantivo de la normativa ambiental global o local, el momento en que desde los territorios vayamos construyendo una mirada institucional hacia el futuro en un contexto de colaboración público privada, vamos a poder romper el mito de la descentralización con un verdadero legado de sustentabilidad y desarrollo que nuestras regiones merecen.

* El autor es consejero de Sofofa