Remoción del director del INDH

La renovación de parte del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha estado marcado por la controversia, luego de que tres nuevos integrantes, sumados a otros dos consejeros, exigieron la renuncia del actual director del organismo, el consejero Sergio Micco (DC). La petición de renuncia también estaba suscrita por otro consejero recién designado por el Presidente de la República, quien no ha podido asumir el cargo por problemas administrativos que ponen en duda su llegada. Frente a estos hechos, Micco anunció su renuncia a la presidencia, aduciendo que había perdido la confianza de la mayoría del consejo, si bien su salida queda sujeta a cuando finalmente se puedan constituir los seis votos necesarios para ello.

La presión para remover a Micco ocurre cuando solo le restaban dos semanas para dejar la presidencia, sin perjuicio de que continuará en el consejo hasta 2025, cuando concluye su período como consejero. La petición de renuncia se funda -según sus impulsores- en la grave crisis que afecta al organismo, de la cual responsabilizan a Micco. Esgrimen que se han intervenido unidades estratégicas, que hubo remociones de jefaturas en forma arbitraria así como el hecho de que han tenido lugar renuncias masivas, entre otras razones, de modo que el INDH ha dejado de cumplir con su mandato legal, lo que ha impactado negativamente, “sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desatendidas por el Estado”, según señalan.

La gestión de Micco ha estado marcada desde un inicio por los cuestionamientos de los sectores más ligados a la izquierda, que resienten que el consejo haya estado dominado por fuerzas más “moderadas”. La conformación del nuevo consejo -donde La Moneda jugó un rol activo- parece responder a la noción de que los sectores más progresistas vuelvan a tener mayor preponderancia, y una primera señal sería justamente terminar cuanto antes con la “era Micco”.

Es lamentable la forma como se ha manejado este episodio, que solo contribuye al descrédito del organismo y a la desafección ciudadana con esta institución, cuya imagen se ve muy alejada de una entidad abocada técnicamente a su fundamental quehacer, apareciendo, en cambio, atrapada en disputas de poder. No cabe duda de que si hay denuncias fundadas de una mala gestión, sus responsables deberán responder por ello, lo que debe manejarse en las instancias correspondientes y no de una forma donde el objetivo final parece ser de orden político.

No está en cuestión la importancia de que el Estado cuente con una entidad encargada de supervigilar la observancia de los derechos humanos y que entregue directrices al respecto. Pero es un hecho que al INDH le ha costado enraizar como una institución que genere un reconocimiento transversal, probablemente porque desde sus orígenes ha convivido con la tensión de las fuerzas que pugnan por cooptarla. Síntoma de ello es que, pese al duro reproche hacia la actual gestión, se omita que la sede central del INDH permaneció tomada por ocho meses, sin que sus consejeros pudieran ponerse de acuerdo para exigir su desalojo, por razones ideológicas. De no corregir este rumbo, la entidad arriesga caer en la irrelevancia.