Reparos ante diseño del nuevo Ministerio de Seguridad

La comisión mixta finalmente zanjó las diferencias entre el Senado y la Cámara en torno al proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, de modo que ahora resta que las respectivas salas se pronuncien sobre dichas enmiendas, con lo cual quedaría listo para ser ley. Con ello se está dando cumplimiento a uno de los elementos centrales de la agenda legislativa de seguridad que fue priorizada, y aun cuando existe un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas de contar con este nuevo ministerio, el resultado final está dejando una serie de dudas sobre la efectividad de la nueva institucionalidad, reflejando además el viejo debate acerca de hasta dónde es conveniente descentralizar funciones en las regiones.

En sus líneas generales el nuevo ministerio deberá formular estrategias de prevención y combate al delito, las que también deberán abarcar todo lo relativo al crimen organizado y actos terroristas. Las fuerzas de orden y seguridad (Carabineros y la PDI) dependerán de manera no deliberante del nuevo ministerio. Pese a esta orientación general bien encaminada, llama la atención que no se haya aprovechado esta oportunidad para alivianar la estructura burocrática, creándose una Subsecretaría de Seguridad Pública y manteniéndose la de Prevención del Delito, la cual resulta redundante, en especial tomando en cuenta los resultados poco convincentes que exhibe en su década de funcionamiento.

Un paso relevante es que a raíz del caso Monsalve se haya resuelto establecer en la comisión mixta que solo los ministros de Seguridad podrán solicitar informes o información de inteligencia a las policías, y dicha autoridad será encargado y responsable de esos datos. A su vez, la creación de un Sistema de Seguridad Pública, como instancia de coordinación y traspaso de información, no parece representar un avance de fondo que remueva los obstáculos que han impedido esta coordinación efectiva entre las policías y agencias de inteligencia que forman parte de dicho núcleo.

Uno de los nudos que más costó desatar en la tramitación del proyecto fue cómo se ejercería el rol de este ministerio a nivel regional, considerando que en cada región existe la figura del delegado presidencial, quien entre otras tareas tiene a su cargo el orden público y la seguridad. Pese a que el gobierno se comprometió públicamente en campaña a eliminar la figura de los delegados y entregar más poder a las regiones y a los gobernadores, en los hechos el gobierno ha cambiado de opinión y el proyecto presentado en 2023 para terminar con esta figura en realidad la reemplaza por un jefe regional, lo que ha sido duramente criticado por los gobernadores.

Lo cierto es que en este proyecto se mantiene la figura del delegado, y la fórmula a la que finalmente se arribó es que en cada región habrá un seremi de seguridad que dependerá del nuevo ministerio, pero que deberá responder directamente a requerimientos del delegado regional presidencial para intervenciones en materia de orden público (por ejemplo, protestas) o ante situaciones de seguridad, sin perjuicio de mantener la línea de mando sobre las policías. Es un diseño extraño, porque finalmente pareciera que una autoridad empoderada queda igualmente bajo tutela de una autoridad de Interior, lo que se supone no era el objetivo buscado. Refleja, además, una incongruencia del gobierno respecto de lo que prometió en materia de delegados, cuya presencia sigue muy vigente.