Responsabilidades ante incendios que asolaron Viña del Mar

El balance hasta la fecha cifra en más de 130 los fallecidos a raíz de los incendios que devastaron fundamentalmente a la comuna de Viña del Mar, un número de víctimas sin precedentes en un siniestro urbano-forestal. Miles de viviendas fueron destruidas o dañadas, se perdieron obras patrimoniales tan relevantes como el Jardín Botánico, y como una forma de dimensionar la extensión de la tragedia, un informe del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres indicó que el incendio quemó el 45% de la cobertura de pastizal-arbustivo de la comuna y el 10% del suelo construido.

Ahora que la emergencia se encuentra controlada en su parte más crítica, es fundamental abocarse a determinar las responsabilidades en lo sucedido, sobre todo cuando empieza a surgir evidencia de que diversas entidades del Estado no fueron lo suficientemente proactivas o eventualmente negligentes en la prevención de este siniestro, revelándose una serie de fallas en los planes de evacuación y en la forma de alertar oportunamente a la población ante el inminente peligro que se cernía cuando los incendios ya se habían desatado.

Ciertamente que una dimensión que debe ser despejada cuanto antes es la intencionalidad que hubo en estos siniestros. El propio Presidente de la República indicó que hubo “incendios intencionales”, pero quien fue más explícito fue el jefe de la Defensa Nacional en la zona, quien aseguró que hay indicios de “un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación, algo orquestado y organizado”. El gobernador de la Región de Valparaíso también fue categórico en atribuir una intencionalidad directa. La Municipalidad de Viña ya ingresó a la Fiscalía una denuncia para investigar acciones deliberadas, pero sorprende que ante una hipótesis gravísima como esta, el punto no haya tenido mayor repercusión, considerando que ello estaría indicando que deliberadamente se buscó causar el caos y la destrucción.

Si a nivel de las máximas autoridades existe la convicción de una intencionalidad, entonces ello debería ser tratado como un problema de seguridad nacional, lo que de momento no se advierte. Ello es más desconcertante considerando que en incendios forestales anteriores, que devastaron cientos de miles de hectáreas, también se esgrimió la tesis de la intencionalidad, pero hasta aquí los resultados de las investigaciones penales han arrojado escasos resultados.

Otro aspecto que resulta crucial despejar tiene que ver con la responsabilidad que les cabe a las distintas reparticiones públicas en la prevención y manejo de esta emergencia, donde han surgido una serie de preocupantes antecedentes y que preliminarmente podrían estar sugiriendo que de haberse tomado cursos de acción distintos se podrían haber evitado muertes y tal nivel de destrucción.

Por de pronto, debe resultar aleccionadora la forma en que las instituciones transmiten información a la población. El hecho de que la alcaldesa de Viña del Mar haya hablado de que según el municipio se manejaba un listado con “cientos de personas desaparecidas” sembró mucha confusión, angustia y desconcierto, una cifra que con el paso de los días se ha reducido sustancialmente. Es elemental que en una emergencia las distintas autoridades a cargo eviten improvisaciones y se aseguren de entregar información fidedigna y que no dé pie a inconvenientes confusiones.

Más graves son las denuncias de que el municipio no tendría un plan de emergencia vigente ni un plan de evacuación ante incendios, conforme lo habría instruido Senapred, y que abarcaba zonas que de hecho fueron arrasadas por el fuego. En esto han surgido versiones contrapuestas, porque el municipio asegura que sí cuenta con un plan actualizado, lo que es negado por algunos concejales. Asimismo, también se ha podido detectar que una serie de indicaciones que hace un tiempo dio la Conaf, en orden a habilitar más de 115 mil metros de cortafuegos en 42 áreas, tampoco se pudieron cumplir. El municipio señala que se pudieron ejecutar poco más de 58 mil metros de cortafuegos, indicando que no fue posible extenderlos entre otras razones porque se encontraron con una serie de recintos privados donde no tenían facultades para intervenir.

La investigación de la Fiscalía deberá precisar si es efectivo que no había planes actualizados y hasta dónde las obras que dejaron de hacerse o fueron ejecutadas en forma parcial o con mucha lentitud -algo que en todo caso resulta inexcusable cuando se sabía que estas zonas son propicias para grandes incendios- pudieron haber sido determinantes en la enorme cantidad de víctimas. Aquí no caben “blindajes políticos” respecto de ninguna autoridad, sino que ante todo lo que corresponde es que las eventuales responsabilidades se aclaren con total transparencia.

También será necesario revisar el diseño institucional relativo a la prevención de las emergencias, porque queda claro que cuando una repartición del Estado incumple o actúa lentamente no existe forma de hacer efectiva la responsabilidad o intervenirla desde el nivel central.

Todo indica que el destino que aguarda al país es verse enfrentado cada vez más a incendios forestales de gran magnitud, que ponen el claro peligro a la población. La tragedia de Viña del Mar y la suma de fallas detectadas deben en ese sentido ser un punto de inflexión, que obliga a revisar todas las capacidades disponibles.

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