Respuesta legislativa al delito de usurpación

Los casos de predios o viviendas usurpadas se han multiplicado sustancialmente en el país, lo que hace necesario una respuesta sancionatoria más enérgica, como forma de disuadir un delito que peligrosamente se ha normalizado en el país, y que hasta ahora parece encontrar escasas o muy débiles sanciones, lo que ha alimentado su ocurrencia.

Desde luego, se acumulan los antecedentes que indican que en torno a las usurpaciones se han instalado verdaderas mafias o grupos que abiertamente lotean y comercializan terrenos que nos les pertenecen. En algunos casos se trata de extensos paños, pudiendo constatarse que dichas mafias tienen las características de crimen organizado. Esto por supuesto no solo supone una trasgresión abierta al derecho de propiedad y al Estado de Derecho, sino que además reviste un riesgo evidente para las víctimas que se atreven a denunciar estos hechos, como quedó claro con el asesinato de un empresario en Concón, a manos de un sicario.

La Macrozona Sur es otro territorio donde hace años se vienen registrando usurpaciones por parte de grupos que reclaman tierras indígenas hoy en manos de propietarios que se ha hecho de ellas conforme los procedimientos legales. Los antecedentes indican que en algunos periodos se han producido aumentos de más del 600% en el número de predios ocupados.

Estos fenómenos se mezclan con situaciones de carácter social, en que familias que carecen de vivienda buscan por medio de las tomas y el establecimiento de campamentos resolver sus necesidades básicas. Lamentablemente la realidad de los campamentos se ha multiplicado en los últimos años, producto de la pandemia, la inmigración descontrolada y el alto costo de la vida. A pesar de que hay aquí fallas del Estado en lograr soluciones habitacionales para miles de familias, esta forma irregular de ocupar terrenos ilustra el retroceso que se ha producido en cuanto a la importancia de cautelar el derecho de propiedad.

Distintas iniciativas parlamentarias han buscado atacar más resueltamente el delito de usurpación, lo que finalmente cristalizó en un proyecto que fusiona distintas mociones, el que acaba de ser despachado por el Senado a la Cámara de Diputadas y Diputados. A pesar de existir plena coincidencia en cuanto a la necesidad de aumentar las sanciones, han surgido discrepancias entre el Ejecutivo y la oposición, pues el gobierno estima que la actual redacción podría dar pie a la autotutela, entre otros problemas.

Estas diferencias deberán ser abordadas en las instancias que siguen, pero el proyecto en general supone un claro avance, pues subsana uno de los mayores problemas que tiene la actual legislación, que castiga la usurpación con multas, las que varían dependiendo si aquella fue ejercida con violencia o no, lo que claramente no constituye un disuasivo. Ahora se contempla la pena de presidio en ambos casos, y se explicita que la usurpación se trata de un delito permanente, pues la flagrancia existirá mientras subsista la usurpación del inmueble o la usurpación de derechos reales constituidos sobre ellos. Asimismo, habrá presidio cuando la venta se haga bajo engaño o cuando sea cometido por organizaciones dedicadas a ello.

Una nueva legislación sería un buen primer paso, pero ello será inútil si no viene acompañado de una voluntad real de los estamentos del Estado por hacer cumplir la ley y resguardar celosamente el derecho de propiedad, particularmente en zonas como la Macrozona Sur, donde la acción de las instituciones se ha visto muy rezagada.