Respuestas urgentes frente al crimen organizado

El país ha sido sacudido en las últimas semanas por una ola de crímenes y tres secuestros extorsivos -a lo que se suma el reciente ataque de que fue objeto una patrulla de Carabineros mediante el uso de una granada, lo que dejó herida de gravedad a una funcionaria- que desde luego no sólo han generado una profunda preocupación en la ciudadanía, atendida la extrema violencia que se ha visto en algunos de estos casos, sino que además está provocando encontradas reacciones en el mundo político, al punto que ya hay parlamentarios que están activando las gestiones para presentar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. A su vez, distintas voces en el Congreso, también el gobernador de la Región Metropolitana, comienzan a plegarse a la idea de que el jefe de Estado debería dictar sin más demora estado de excepción, ya sea a nivel nacional o cuando menos en algunos sectores de la capital.

La crisis de inseguridad que vive el país se arrastra desde hace tiempo, primero por el incremento de la delincuencia común -asaltos, portonazos, encerronas-, algo que empezó a disparar los niveles de temor e inseguridad en la población, forzando a que muchas personas se vieran en la necesidad de empezar a cambiar sus hábitos de vida, a lo que también se sumó el aumento de la violencia en la Macrozona Sur. Pero en muy poco tiempo se añadió un nuevo factor que empezó a hacer mucho más complejo el cuadro: el explosivo aumento en la tasa de homicidios que se observa desde 2018, pasando desde 845 en dicho año, a 1.322 en 2022. Esto implicó que la tasa de homicidios cada 100 mil personas pasó de 4,5 en 2018 a 6,7 el año pasado. No debe sorprender que en el sondeo internacional de Ipsos What worries the World (octubre), en el ítem crimen y violencia Chile figure como el segundo país donde despierta mayor preocupación.

La mayor prevalencia de armas de fuego en los asesinatos, y el hecho de que éstos empezaran a proliferar en plena vía pública, con gente acribillada -lo que hizo emerger la figura del sicariato-, o asesinadas producto de balaceras, con altísimo riesgo para la población circundante, dan cuenta inequívocamente de que se está enquistando con fuerza el crimen organizado, una de las mayores amenazas a las que se puede ver expuesto un país.

Los enfrentamientos entre bandas rivales por la conquista de “territorios”, el aumento de la extorsión y los secuestros empezaron a ser parte del panorama delictivo, con el agravante que estas prácticas, que en una primera fase se concentraban fundamentalmente entre clanes, han comenzado a permear gradualmente hacia el resto de la sociedad. El secuestro extorsivo en Rancagua, y otros dos registrados en Iquique, han encendido las alarmas, en tanto que sectores de pequeños y medianos comerciantes denuncian que son objeto de extorsiones para el pago de sumas mensuales, o de lo contrario arriesgan a ser asesinados.

El secuestro extorsivo, por sus graves implicancias para la integridad de las víctimas y sus familias, y porque puede dar pie a una lucrativa industria de pagos por rescate, requiere ser observado con especial atención. Las denuncias por secuestros han venido aumentando sostenidamente -según cifras del Ministerio Público, las denuncias pasaron de 492 en 2018 a 826 en 2022-, aunque la mayor parte ha terminado desestimándose, por no corresponder a esta figura. Si bien no cabe hablar de que este delito se ha salido de control, el importante aumento de denuncias y el que se hayan verificado tres casos extorsivos en tan poco tiempo justifica que se levanten voces de alerta. Preocupante resulta el hecho de que la mayor prevalencia de secuestradores y sicarios se concentre en extranjeros que han ingresado al país en forma irregular, lo que dificulta su persecución penal.

Frente a estos hechos, es indispensable que la autoridad dé respuestas concretas, urgentes y efectivas, porque tal como lo indica la experiencia comparada, una vez que el crimen organizado se enquista, fácilmente se puede salir de control. Ecuador es un buen ejemplo de ello, un país que en apenas seis años escaló su tasa de homicidio de 5,8 por cada 100 mil habitantes, a 40.

Las señales que hasta aquí ha dado el gobierno lamentablemente no resultan demasiado alentadoras, porque a pesar de que hace ya tiempo hay señales de que el crimen organizado extiende sus tentáculos, aún se observan señales que denotan cierto amateurismo o improvisación. Tal es el caso de que la ministra del Interior haya reconocido que se pagó un rescate en uno de los secuestros, sin calibrar los efectos de una declaración así, que sugerían la mantención en reserva de dicho antecedente.

El gobierno, a su vez, descartó la aplicación del estado de excepción para la Región Metropolitana, pero solicitó a las policías el diseño de un plan para fortalecer las capacidades de control territorial. Con ello queda la preocupante impresión de que todavía no existe una estrategia suficientemente exhaustiva para enfrentar el crimen organizado así como la delincuencia en general, lo que alienta que surjan voces solicitando medidas mucho más drásticas, y profundiza el sentimiento de temor en la ciudadanía.