Retardo en designación de altos cargos del Estado

La semana pasada el Senado rechazó la propuesta originada en la Cámara de Diputados de nominar a los abogados Alejandra Precht y Manuel Núñez para integrar el Tribunal Constitucional como ministros, prolongando una situación anómala que se arrastra desde hace más de un año, donde desde entonces el tribunal no puede operar con todos los miembros titulares. En esa oportunidad tampoco se obtuvo el quórum necesario de 33 votos en la Cámara Alta para aprobar la designación de la dupla de Gonzalo Fuenzalida y Alejandra Precht.

Resulta especialmente significativo que a ambos nominados les faltó un solo voto para conseguir los 2/3 de aprobación en el Senado, donde la abstención y ausencia de parlamentarios de oposición finalmente impidió que el proceso concluyera positivamente. De igual manera, también quedó truncado en el Senado el nombramiento de quien debe encabezar la Defensoría de la Niñez, luego de que Patricia Muñoz terminara su mandato de cinco años en el mes de mayo; esto luego de que se rechazó la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la misma cámara, que evaluó a quienes postularon.

El sistema de designación de algunos cargos de relevancia de que se ha dotado nuestra institucionalidad, donde en algunos de estos se cuenta con la participación de los distintos poderes del Estado, lo que busca es precisamente dar las garantías de que quienes los ocupen reúnan las cualidades necesarias para desempeñarlos. Pero las negociaciones políticas que necesariamente habrán de darse no pueden llegar al extremo de tornar al mecanismo de designación en una obstaculización para la adecuada conformación y funcionamiento de los órganos del Estado. Es así como no es entendible -aun cuando hay ministros suplentes que permiten cumplir los quórums para sesionar si se requiere- que la integración completa del Tribunal Constitucional siga todavía pendiente, y que se actúe como si ello fuese irrelevante, constituyendo una verdadera anomalía institucional.

Lo anterior vuelve a constatar la dificultad que encuentra el Congreso Nacional para llegar a acuerdos y cumplirlos oportunamente en ciertas materias, una situación que plantea un mayor desafío de mejor coordinación -especialmente ante la atomización de la representación política-, pero también una cabal comprensión de que las legítimas negociaciones y tratativas para llenar los altos cargos del Estado no pueden prolongarse indefinidamente o quedar sujetos a meros caprichos de algunos parlamentarios.

Resultaría preocupante que esta sucesión de procesos fallidos pudiera estar anticipando que los acuerdos para estos altos cargos se harán cada vez más difíciles, considerando que en el tiempo venidero habrá que nominar a ministros de la Corte Suprema y el Contralor General de la República, cuyo actual titular termina su mandato de ocho años en el mes de diciembre.