Columna de Nicolás Eyzaguirre: Retiros múltiples. Un puzle político-económico

Mucho se ha debatido sobre los tres retiros de fondos de pensiones y del cuarto ahora en discusión. Estos han sido de tal envergadura -con el actual, superarían un quinto del PIB anual- que pasará tiempo hasta que entendamos qué nos llevó a ello. En ese afán, repasaré primero algunos de sus efectos económicos objetivos, para comentar después otros ángulos del problema.

En primer lugar, mientras los retiros iniciales contribuyeron a mitigar la recesión que nos azotaba -y aliviaron a las familias impactadas, reemplazando la tardía y pálida respuesta gubernamental-, en la actualidad tal argumento perdió validez. En efecto, el PIB del tercer trimestre excedería en un 5% al de igual período de 2019, que fue el máximo anterior. Esto significa que, a nivel macroeconómico, se produce ahora con la misma intensidad que antes de la crisis social y la pandemia. El cuarto retiro junto al IFE de estos meses representarán un potencial de gasto extra de sobre siete puntos del PIB anual; de materializarse, la presión añadida sobre la producción sería de tal magnitud que sería imposible evitar ulteriores alzas de precios y el consiguiente efecto sobre las tasas de interés.

En segundo lugar, las pensiones futuras serán más bajas. Dados los retiros, para evitar una baja de las pensiones el gobierno debiera reponer recursos igual dimensión en las cuentas personales. Supongamos lo financia contrayendo un préstamo a 12 años a una tasa de interés del 3%; el costo para el fisco de servir tal deuda sería de unos seis mil millones de dólares anuales, por doce años. Para dimensionar su magnitud, en tal caso el total de pagos equivaldría a lo que el gobierno gasta en apoyo habitacional a todas las familias durante ¡¡un cuarto de siglo!! Es, por tanto, impensable tal reposición.

En tercer lugar, dada la existencia de un pilar solidario y la intención de reforzarlo, el gasto fiscal en pensiones se elevará significativamente, dada la masividad de quienes quedarán sin o con pocos fondos y que cargarán a este pilar. Siendo correcto ayudar a quienes han quedado más frágiles, con recursos fiscales limitados, aunque consensuemos una nueva reforma tributaria, habrá menores disponibilidades para salud, educación y vivienda, entre otros. Y no serán magnitudes pequeñas.

Entonces, ¿por qué optamos por este derrotero? Se argumentará, no sin razón, que aún el empleo no se recupera del todo y que muchas pymes han colapsado o están cerca de hacerlo. Cierto, pero esta ha sido una crisis tan seria y global que en ninguna parte se han podido evitar los costos tanto humanos como materiales; y vamos saliendo bien, comparativamente hablando. Hay decenas de países con sistemas de pensiones que incluyen la capitalización y en ninguno de ellos (salvo Perú) se produjeron estos masivos retiros.

Se dirá que el gobierno llegó tarde y el sistema se desbordó. Completamente cierto. La medida más completa de la reacción gubernamental es el gasto público como porcentaje del producto. Cuanto más sube, mayor es la acción mitigadora del gobierno. Y ese cociente subió en 2020 en torno a diez puntos en países ricos como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, mientras en Chile lo hacía solo en dos unidades. Pero ese no es el fin de la historia. En 2021 dichos países están estabilizando o moderando ese cociente, mientras en Chile podría escalar otros cinco puntos -por el IFE-, con lo que el aumento total sería similar en el bienio. Entonces, aunque su secuencia no pudo ser más desafortunada, las ayudas gubernamentales han sido macizas.

Muchos argumentan la presión de las próximas elecciones. Sin duda contribuye, en particular por el crecientemente disfuncional sistema electoral y régimen político que nos hemos dado, como argumenté en mi columna pasada. Pero muchos países han tenido también elecciones y no se han desbordado como nosotros. Además, consensuar un nuevo régimen político tomará tiempo y es posible que continúe la presión por nuevos retiros.

Un sistema tensionado se rompe en su eslabón más débil. Y es difícil encontrar uno más frágil que nuestro sistema previsional. Basta constatar que las masivas marchas en contra de las AFP fueron precursoras de la crisis social. Mientras no consensuemos un nuevo régimen previsional legítimo, es posible que el vaciamiento de los fondos continúe. El Senado tiene la oportunidad de lograr ese consenso. Y sus contornos están discutidos. Posiblemente ningún acuerdo podrá más que limitar este nuevo retiro, pero sí podrá cobrar los debidos impuestos; y consensuar la formación de un nuevo pilar colectivo y solidario de seguridad social con el aporte de los empleadores; y mantener o quizás disminuir, pero no reforzar, el pilar del ahorro individual; y acordar un nuevo sistema de administración de cuentas con costos mínimos y la licitación de la cartera de inversiones entre múltiples agentes privados especializados en el rubro. Hagamos votos porque algo así se logre.