Retraso de política nacional del litio

Se esperaba que el año pasado el gobierno diera a conocer la política nacional del litio, instrumento que resulta fundamental para efectos de clarificar las bases sobre las cuales se desarrollará la explotación de este mineral, que ha alcanzado niveles de precio récord. El ministro de Economía ha reconocido por estos días que efectivamente están atrasados, pero aseguró que durante este mes dicha política seria finalmente presentada.

Aun cuando el ministro ha atribuido este retraso a las complejidades técnicas que reviste esta nueva política, no podría descartarse que una de las razones que más pudiera estar pesando estribaría en las diferencias que hay al interior de la coalición de gobierno en cuanto a la estrategia a seguir, en particular respecto del rol que jugarían los privados. En esto probablemente no solo estaría pesando la anacrónica visión de algunos sectores de la izquierda, que por definición recelan de la actividad privada y apuestan por un rol preponderante del Estado -ilustrativo es que sectores del PC hayan cuestionado la intención de lanzar licitaciones para proyectos de exploración de salares-, sino también del recelo hacia SQM, el mayor actor de la industria, y cuyos planes de expansión quedan sujetos a que el Estado amplíe la extensión de sus concesiones, que se extienden hasta 2030.

El litio vive actualmente un verdadero boom, gracias a que el mineral está siendo fuertemente demandado en el mercado mundial producto de las ventajas que ofrece para la transición hacia tecnologías mucho más limpias. En este inmejorable escenario, lo que cabría esperar es que el país aumente fuertemente la producción lo antes posible, tal como lo están haciendo otras naciones productoras, como ha sido el caso de Australia, o incluso Argentina -que ya traza planes para convertirse en el segundo mayor productor mundial-, pero en cambio seguimos entrampados en definiciones ideológicas y hasta aquí sin planes concretos para aumentar la explotación de esta riqueza.

Está claro que para aprovechar el auge actual que presenta la industria del litio se requiere dar todas las facilidades del caso para que aquellas empresas que cuenten con las capacidades de producir eficientemente inviertan en Chile. Ello supondría que la política nacional del litio no solo debería ser especialmente celosa para atraer rápidamente nuevas inversiones privadas, sino favorecer que las empresas que ya tienen operaciones en el salar de Atacama cuenten con las certezas para poder expandirse, sin enfrentar condiciones aún más exigentes de las que ya les impone el Estado, y que podrían constituir un desincentivo.

El Fisco obtuvo en 2022 ingresos extraordinarios relacionados con el litio -tanto por rentas a la propiedad e impuestos- por US$ 5 mil millones, por lo que el actual modelo de concesiones prueba ser beneficioso. Y en esto hay que actuar rápido, porque si bien los precios del litio alcanzaron en octubre del año pasado del orden de US$ 70 mil la tonelada, el valor ha descendido hasta US$ 55 mil, un valor que sigue siendo muy elevado. Esto significa que cada día que transcurre sin que se tomen decisiones el país está dejando de percibir cuantiosos recursos.

Aun cuando el gobierno ha puesto fuerte énfasis en la importancia de contar con una empresa nacional del litio como eje estructurante, lo verdaderamente relevante es asegurar una industria dinámica que vuelva a colocar a Chile como primer productor de litio a nivel mundial, sitial que perdimos en 2016. Si ello se frustrara por cuestiones ideológicas o por pugnas con una empresa en particular el costo lo terminaría pagando todo el país.