Retrocesos en la reforma a Carabineros

Sin ningún aviso previo, el gobierno decidió suspender el funcionamiento del consejo coordinador para la reforma a Carabineros, instancia que venía funcionado desde marzo de 2021 y cuya misión era supervisar los cambios propuestos a partir del informe que elaboró un amplio consejo asesor. Los integrantes de la nueva instancia son todos funcionarios de gobierno -liderados por el subsecretario de Prevención del Delito-, marcando un fuerte contraste con la composición del consejo ahora suspendido, caracterizado por su amplia transversalidad y reconocidas competencias técnicas.

Este proceder del gobierno -que fue revelado en una nota de este medio- desde luego que no puede considerase un paso afortunado, porque más allá de que el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de presentar pronto al país una reforma integral a Carabineros, el que se opte por un modelo cerrado, prescindiendo de los aportes que pueden entregar miradas externas al gobierno, enciende legítimas inquietudes de que la propuesta pueda reflejar enfoques sesgados o con deficiencias técnicas, algo que sería lamentable cuando justamente lo que se necesita es avanzar rápidamente con reformas que han sido largamente postergadas, y donde encontrar puntos de consenso no ha sido sencillo.

Precisamente el informe emanado de esta comisión de expertos -que recoge el aprendizaje e inquietudes surgidas a partir del estallido social y la forma como entonces se abordó el control del orden público- constituye un razonable punto de partida en un camino que se sabe tomará mucho tiempo -voces expertas han advertido que reformas de largo alcance en los cuerpos policiales pueden tomar más de una década-, y donde de hecho ya se venían registrando avances. El sitio web que había sido habilitado para que la ciudadanía conociera el estado de avance -el que inexplicablemente también fue desactivado- indicaba que ya se había avanzado en un tercio de las reformas propuestas.

No es claro si la instancia gubernamental recogerá parte o el total de lo que se había logrado, pero a falta de mayores explicaciones sería un grave retroceso que con ello se pretendiera volver a fojas cero, echando por tierra lo que se ha avanzado en estos años.

Es aún más extraño que se haya optado por este encapsulamiento cuando resulta evidente que la reforma a Carabineros será un aspecto crítico a la hora de evaluar la estrategia del gobierno para hacerse cargo de la crisis de orden público. Un mal diseño, o una propuesta que no encuentre suficiente consenso político dañará al país, a la propia institución policial y desde luego al propio gobierno. Si bien el Mandatario se ha cuidado de no seguir utilizando la expresión “refundación” sino “reforma” a Carabineros, y ha reiterado que los cambios se harán “con” Carabineros, y no “en contra” de ellos, en la coalición de gobierno sigue habiendo voces que no han abandonado la tesis refundacional. Una mejor garantía de que estas visiones extremas están desechadas habría sido seguir con una instancia asesora plural y de composición mixta, y no radicada únicamente en sede gubernamental.

El rol de la policía uniformada resulta crucial para el control del orden público, y es un hecho que sin su actuar decidido los graves hechos de violencia ocurridos con ocasión del estallido podrían haber sido aún más dañinos para la población. Pero es también un hecho que el caso de los desfalcos millonarios, la implantación de pruebas en el “caso Huracán” o el excesivo uso de la fuerza que se observó en el control de algunas manifestaciones han llevado a que la confianza ciudadana en la institución policial se deteriorara fuertemente, si bien en los últimos meses se ha observado un cierto repunte -la última encuesta CEP, de agosto de 2021, mostró que la confianza en la institución había repuntado a 26%, pero lejos aún del 57% que registraba en 2015.

Las mejoras en los estándares de transparencia, supervisión, reforzamiento de la instrucción en derechos humanos y formación general de los cuerpos policiales son ejes fundamentales de una reforma, y en ello se venía trabajando. La propuesta de nueva Constitución introduce cambios en los cuerpos policiales -entre ellos, la desmilitarización de Carabineros, o el refuerzo de apegar su quehacer al respeto de los derechos humanos-, pero la incógnita de lo que ocurra con la propuesta constitucional no debe ser obstáculo para avanzar en cambios de largo plazo y que trascienden la duración de un gobierno.