El complejo escenario económico está desafiando a las autoridades a buscar soluciones nuevas, impensadas para un panorama normal. Es comprensible que, dado lo disruptivo que resulta la brusca caída de la actividad y que miles de familias estén experimentando pérdidas significativas en los ingresos, las autoridades busquen instrumentos que alivien el complejo momento económico. Sin embargo, al desarrollar políticas públicas heterodoxas se debe velar para que las externalidades de las medidas excepcionales no terminen creando problemas nuevos que amplifiquen la crisis económica.
En este sentido, hay varios proyectos de ley que actualmente se discuten en el Congreso que buscan suspender el pago de las cuotas por hasta seis meses de los créditos hipotecarios y de consumo. Una de ellas -la más avanzada, que se encuentra en la Comisión de Economía del Senado- establece que la suspensión afecta, además de los créditos hipotecarios y de consumo ya cursados, a todas las operaciones actualmente en curso o en proceso de repactación o renegociación.
Es necesario evaluar a conciencia los efectos que este tipo de iniciativas pudieran tener en el mercado financiero, las que pueden terminar impactando negativamente, pese al loable fin de intentar dar flexibilidad a las personas en el pago de sus compromisos en el periodo más crítico. Por de pronto, es fácil advertir que una suspensión como la propuesta implica un quiebre abrupto en la recaudación de todas las entidades del sistema financiero en los segmentos de crédito antes descritos, lo que podría tener insospechados efectos. Una reciente presentación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ante la Cámara de Diputados advirtió que una suspensión de las obligaciones podría traer problemas de solvencia y liquidez en el sistema financiero. Solo en el caso de los bancos, un aplazamiento masivo se podría traducir en menores flujos anuales por US$ 5.600 millones. Para el caso de los emisores no bancarios, en tanto, un aplazamiento general de seis meses en los créditos de consumo -indica la CMF- impactaría fuertemente su liquidez, especialmente en lo que se refiere al pago a comercios relacionados.
Pero esta interrupción tiene también otras consecuencias no siempre evidentes. Una de las más relevantes es que las instituciones financieras perderán la capacidad de monitorear el comportamiento de pago de los deudores mientras dure la suspensión, generando un aumento del riesgo en las carteras y dejando a los emisores sin instrumentos de control.
Además, la medida podría crear un shock negativo de liquidez para los segmentos más vulnerables. Esto, porque para los emisores que no tienen acceso a líneas de liquidez del Banco Central, la prohibición de recaudar por los siguientes seis meses una vez que entre en vigencia el cuerpo legal, los llevará a restringir las líneas de financiamiento, afectando principalmente a las familias que requieren un puente de liquidez en los momentos más críticos de la crisis.
Ante el delicado momento que atraviesa el país, más que nunca se hace indispensable un cuidadoso trabajo legislativo.
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