Salida de la exembajadora en Reino Unido

La Cancillería aceptó la “renuncia voluntaria” de la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, luego de que un reportaje de este medio dejara al descubierto las tratativas directas que la funcionaria había establecido con la gobernación del Biobío para establecer un proyecto de un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana, para cuyos efectos solicitaba financiamiento por US$ 5 millones. La bochornosa situación se hizo insostenible porque no solo la oposición exigió su renuncia, sino que también se sumaron voces críticas del propio oficialismo, como la presidenta del PS. La Cancillería estimó que si bien no cabe hablar de un delito, el actuar de la exfuncionaria transgredió los protocolos internos para este tipo de iniciativas, constituyendo un actuar a todas luces imprudente.

Si bien la Cancillería ha señalado que estaba al tanto de las negociaciones que estaba llevando a cabo Herrera, queda la duda de si se habría actuado con igual celeridad de no haberse hecho público el caso. Pero al margen de estas consideraciones, es valorable que esta vez se haya reconocido rápidamente el error y se haya actuado en concordancia con ello. Con tal proceder al parecer se evitó escalar el caso al punto que pudiera incomodar las relaciones con el Reino Unido, puesto que el nombre del propio Rey Carlos III empezó a verse involucrado. El caso de la exembajadora resulta en todo caso ilustrativo respecto de la necesidad de que nuestra política exterior no se vea comprometida por el actuar de personas sin mayor experiencia para el cargo o carentes del criterio necesario para desempeñar tal responsabilidad.

Es naturalmente el riesgo que corren los gobiernos al nombrar embajadores siguiendo más un criterio político o de amiguismo antes que privilegiar las competencias técnicas o los embajadores de carrera. El caso de Herrera parece enmarcarse en el primer caso, pues sin perjuicio de su trayectoria profesional carecía completamente de experiencia en materia de política exterior, y su llegada a la embajada del Reino Unido por lo visto fue ante todo una manera de hacer un gesto al FRVS, tienda en la que Herrera no milita pero que sin embargo la respalda.

Todos los gobiernos han nombrado a embajadores políticos; esta es una práctica no exenta de controversias, que genera constantes roces con los funcionarios de carrera, pero ha sido notorio que bajo este gobierno dicha práctica ha sido extendida, sobre todo en reparticiones muy estratégicas. En algunos casos, el amateurismo ha jugado malas pasadas, como fue el caso del embajador de España, quien fue objeto de un llamado de atención por sus destemplados dichos sobre los “30 años”, los que pronunció en un foro español. Dicho diseño es finalmente responsabilidad del jefe de Estado, pero también de la excanciller Antonia Urrejola, quien careció de la fuerza o de iniciativa suficiente para haber aconsejado un diseño distinto. Justamente ese diseño llevó a nombrar en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales a un funcionario muy cuestionador de los tratados de libre comercio, lo que trajo una serie de problemas -particularmente en lo relativo al TPP11- y que derivaron en su remoción.

Es una discusión pendiente la importancia de regular mejor la presencia de embajadores políticos. En el debate del anteproyecto constitucional hubo una indicación para limitar el número de designaciones de este tipo. Aunque ello finalmente no prosperó, y sigue en manos del Presidente la designación de todos los embajadores, episodios como el recientemente vivido aconsejan retomar este debate.