Salida legislativa para crisis de Isapres

Luego de frenéticas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, finalmente la Comisión Mixta constituida para zanjar las diferencias entre el Senado y la Cámara en torno a la “ley corta” de Isapres logró un texto de consenso, el que si bien entrega un camino para que las aseguradoras puedan cumplir con la millonaria devolución ordenada por la Corte Suprema producto de lo cobrado en exceso en virtud de la aplicación de tablas de factores distintas a la establecida en abril de 2020, no se han aplacado los cuestionamientos ya sea de quienes reprochan que en el fondo la deuda la terminarán pagando los propios afiliados, o de quienes estiman que el proyecto no constituye ninguna solución de fondo, sin alejar el temor de que la deuda sea impagable o bien que en el camino algunas aseguradoras entren en insolvencia.

A pesar de que la “ley corta” lleva un año tramitándose, y de que el máximo tribunal ha concedido dos prórrogas para que la sentencia entre en vigencia -plazo que vence este domingo-, no fue posible diseñar una fórmula que cautelara de manera óptima un doble objetivo: asegurar el pago de la deuda, pero sin poner en riesgo la viabilidad del sistema Isapres. En ese sentido, el Ejecutivo se negó persistentemente a aceptar la fórmula de la mutualización u otras propuestas en una línea similar que habrían ajustado el monto de la deuda a criterios propios de los seguros, haciéndola más manejable. La Superintendencia de Salud ha estimado que el monto adeudado supera los US$ 1.500 millones, que podría reducirse a unos US$ 1.200 millones en la medida que todos los planes se ajusten a la cotización obligatoria del 7%. Aun con esta última cifra, las Isapres habían hecho ver que el monto sería igualmente impagable.

Todo indica que el acuerdo alcanzado dista de ser lo óptimo, y no cabe dar por hecho una tramitación sencilla el lunes, cuando la sala del Senado y la Cámara deban pronunciarse. Con todo, la propuesta en principio brinda cierta estabilidad temporal al sistema, lo que además de ir en beneficio directo de los afiliados del sistema -sin esta propuesta el escenario de colapso de las Isapres es inminente-, permite ganar tiempo para buscar mejores soluciones e introducir reformas que den mayor sustentabilidad al sistema, sin perjuicio de que la autoridad debe ponerse en el escenario de que una o más aseguradoras entren en un escenario de inviabilidad.

En el marco de las negociaciones el Ejecutivo accedió a extender el plazo de pago a 13 años -la propuesta original contemplaba diez años-, si bien los afiliados de la tercera edad tendrán plazos más acotados. Asimismo, se contempla la posibilidad de que las Isapres apliquen una prima extraordinaria este año -con tope-, en tanto que los reajustes para los próximos tres años se harán bajo condiciones que permitan reflejar mejor los costos en que incurre el sector privado. Con ello se busca asegurar un mayor equilibrio financiero de las Isapres, para a su vez compensar las mermas de ingresos por planes ajustados a una tabla única y menor prima GES, pero ha surgido la duda de si ante planes más caros se podría producir una fuga sobre todo de afiliados jóvenes, dejando carteras más envejecidas y que demandan mayor gasto en prestaciones. También se ofrece a las Isapres la posibilidad de optar por diversas modalidades para restituir los fondos, entre otros varios puntos de la propuesta.