Se acabó el tiempo de la política “testimonial”

La crisis de inseguridad que afecta al país ha quedado expuesta en toda su crudeza con el vil asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma, constituyendo el tercer funcionario policial abatido en menos de un mes. Las escenas de profunda conmoción por lo sucedido con este nuevo mártir policial, así como el sentimiento de indignación que embarga a la mayor parte de la población, han tenido repercusiones insospechadas. Las muestras de apoyo de la población hacia la institución de Carabineros ahora se multiplican por doquier, y ya no hay dudas de que el combate a la delincuencia y el crimen organizado se ha instalado definitivamente como el tema más acuciante para los chilenos.

A la par, el gobierno y los partidos políticos se han visto en la necesidad de responder sobre la marcha a este nuevo escenario, y lo han hecho despachando en tiempo récord una serie de leyes para fortalecer el combate al delito, la más simbólica de las cuales fue la iniciativa conocida como Nain-Retamal - mediante la cual se busca fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial, las Fuerzas Armadas y Gendarmería. La nueva ley no solo endurece las penas por lesiones o asesinatos de los funcionarios, sino que además refuerza la legítima defensa en la función policial y el personal de Fuerzas Armadas en caso de repeler agresiones en el cumplimiento de funciones de orden público. Asimismo, un funcionario policial que haga uso de su arma de fuego en el ejercicio de su cargo no será automáticamente separado de sus funciones ni podrá ser privado de su remuneración mientras no concluya la investigación administrativa.

Si bien la tramitación de la norma fue controvertida -incluso en algún momento todo se puso en riesgo cuando la ministra del Interior la motejó imprudentemente de “gatillo fácil”-, durante la discusión legislativa lograron superarse varios de los aspectos que merecían más reparos -en especial la legítima defensa-, y si bien no es descartable que una vez puesta en práctica sea necesario introducir ajustes adicionales, cuando menos se ha enviado una señal valiosa en cuanto a no dejar dudas del amplio consenso político que existe para fortalecer la labor de Carabineros.

Pero si bien el Congreso logró esta vez estar a la altura y realzar el valor de los consensos, en cambio la coalición de gobierno ha salido profundamente desgastada con la tramitación de la Ley Nain-Retamal, pues más allá de que la mayor parte de sus parlamentarios la votó a favor, el Partido Comunista y el Frente Amplio no dieron sus votos en artículos clave -en particular en lo referido a la legitima defensa-, llegando al punto de amenazar con la presentación de requerimientos ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que el propio gobierno había hecho un llamado a su aprobación.

No hay precedentes de que partidos que forman parte del gobierno decidan desafiar al propio Presidente de la República y su ministra del Interior, sin importarles las consecuencias políticas de un acto así como tampoco la circunstancia de que recurrir al TC habría dilatado contar con una norma que se considera indispensable para enfrentar el delicado momento que vive el país a raíz de la delincuencia. Es desconcertante reconocer que el trágico crimen del cabo Palma fue lo que en definitiva desincentivó al PC y FA a recurrir al TC y no un sentido de responsabilidad con su gobierno, las instituciones policiales y la ciudadanía.

El infantilismo con que algunos dirigentes están asumiendo sus responsabilidades de gobierno queda retratado en la participación del diputado Diego Ibáñez -quien además es presidente de Convergencia Social, el partido en el que milita el Mandatario- en una manifestación convocada por dirigentes estudiantiles para protestar en contra de la Ley Nain-Retamal, lo que quedará como una de las postales más bochornosas de todo este episodio. Igualmente decidor es que esta misma semana los parlamentarios del PC y el FA -con la salvedad del diputado Gonzalo Winter- decidieron ausentarse de la sesión del Congreso pleno convocada para escuchar al Presidente de Ucrania, apartándose de lo que ha sido la línea que ha defendido el Presidente Boric, quien ha sido inequívoco en condenar la invasión rusa y respaldar al pueblo ucraniano.

Se hace evidente que el quiebre ideológico impide al gobierno dar una conducción coherente y estar a la altura de los requerimientos que exige el país. Si bien la tentación de impulsar las agendas propias y satisfacer los caprichos ideológicos es hoy un rasgo dominante de la política -en ese error también cayó el Partido Republicano, que tampoco dio los votos para aprobar algunos aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal-, tal proceder resulta profundamente dañino, sobre todo cuando se está a cargo de las responsabilidades de Estado. Los tiempos de la política “testimonial”, que probablemente rindieron muy buenos réditos en el pasado, han llegado a su fin, y lo que ahora se espera es que sobre todo en aquellas materias de alta relevancia para los chilenos, como es el caso de la seguridad y el orden público, se actúe acorde a la magnitud del problema, evitando sacar ventajas de corto plazo o anteponiendo los ideologismos.

El FA y el PC no pueden seguir desentendiéndose de que están a cargo del país, y que su pulsión por lo testimonial y la “calle” dejó ya de ser anecdótica, pues el estado de permanente desorden está repercutiendo en los intereses del país, además de estar llevando a un prematuro desgaste del gobierno.