¿Se logrará evitar que la recesión se profundice?

Si bien la recesión del 2023 parece ya un hecho -diversos analistas anticipan que si bien el Banco Central subiría su estimación de crecimiento para este año, la bajará aún más para el próximo-, la velocidad de recuperación de la economía en 2024 de momento no está suficientemente garantizada y los efectos locales dependerán en gran medida de lo que el Ejecutivo y el mundo político hagan o dejen de hacer en los próximos meses.

Los riesgos internos que deberá enfrentar la autoridad económica son variados, y de no fácil resolución. Por de pronto, cabe lidiar con los altos niveles de incertidumbre económica que actualmente afectan las decisiones de inversión. Asimismo, siguen asomando presiones políticas por nuevos retiros de fondos previsionales y por aumentos del gasto público, aspectos que podrían terminar afectando la trayectoria decreciente de la tasa de interés de la política monetaria. También sigue siendo una incógnita la real capacidad que tendrá el gobierno de ejecutar el presupuesto de inversión pública, para mitigar la caída en el empleo, que también ha dado por estos días muestras de deterioro.

La incertidumbre económica es probablemente la variable que más afecta las decisiones de inversión privada, la cual representa en torno al 80% de la inversión total. En este plano asoman una serie de incógnitas, entre ellas, la forma en que decantará una nueva propuesta constitucional, y los riesgos asociados a las reformas estructurales en curso -tributaria y previsional-, particularmente si ello se traducirá en aumentos significativos de la carga tributaria y los efectos que podría tener un aumento de cotización que sea percibido como un impuesto al trabajo. A lo anterior cabe agregar la creciente falta de certeza jurídica en los procesos de evaluación de las inversiones. Solo en el caso del Comité de Ministros hay aún inversiones pendientes de revisión por US$ 11 mil millones, sin que haya claridad de su aprobación.

Conocer las reglas del juego es una condición indispensable para cualquier iniciativa de inversión de mediano y largo plazo. De allí que resulta fundamental la contribución de la clase política con el fin de dar certezas al proceso que rodea la negociación del proceso constitucional, así como el rol del equipo económico, el cual debería realizar un esfuerzo genuino de realismo para moderar las reformas estructurales, enviando señales concretas al sector privado y al mundo político sobre la voluntad de llegar a acuerdos razonables.

En un contexto de mayor desempleo y niveles de inflación aún muy elevados para nuestro estándar, aumentarán las demandas sociales y con ello las presiones del mundo político por entregar soluciones para aliviar la carga de las familias. Los retiros desde las AFP seguramente aparecerán como parte de los petitorios, considerando que además es un camino fácil para granjearse el apoyo popular. La autoridad debe ser capaz de anticiparse a esto y desactivar cualquier pretensión en tal sentido, pues el país ya experimentó los efectos negativos de los retiros masivos, con aumentos en la inflación y tasas de interés, caída en salarios reales y menores oportunidades de acceso al crédito. Esto exigirá del equipo económico especial habilidad política y firmeza para respetar los compromisos de responsabilidad fiscal, el principio de la focalización y el nivel de gasto público, considerando que ya es expansivo para el año 2023.

No menos relevante son las señales que se den en materia de inversión pública. El gobierno debe evitar repetir la mermada oportunidad de ejecución de la inversión que demostraron los principales ministerios -Obras Públicas y Vivienda-, que a octubre solo alcanza un 56% de avance. Para esto, el Ejecutivo ha comprometido en el Congreso una serie de medidas que permitan cumplir con el cronograma de inversión establecido y aporten en tiempo oportuno a la creación de nuevos empleos, lo que es una buena señal.