Senado y acusaciones constitucionales

En una decisión unánime, los senadores de todas las fuerzas políticas decidieron no votar la segunda acusación constitucional en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y en cambio resolvieron declararla “improcedente”, instruyendo que fuera archivada. Dicha determinación se tomó sobre la base de un informe técnico proveniente de la Comisión de Constitución del Senado, que recomendó ese camino para salir de la encrucijada que suponía tener que volver a pronunciarse sobre un caso que la Cámara Alta ya había resuelto, considerando que días antes había aprobado la primera acusación formulada contra la exjueza Vivanco.

El Senado se enfrentaba con dificultades evidentes frente a esta nueva acusación, porque si la aprobaba, habría incurrido en una flagrante violación de una garantía esencial, cual es que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Si la rechazaba, aun bajo el argumento de que resultaba improcedente, se habría creado un escenario insólito, pues la misma cámara aparecería aprobando una acusación y días después rechazándola, considerando que ambas se referían a hechos idénticos. De allí que el camino por el que optó el Senado es lo acertado, y devuelve la responsabilidad de lo sucedido a la Cámara de Diputadas y Diputados, cuyo precipitado actuar provocó esta controversia, la cual pudo haber sido perfectamente evitable.

En efecto, el 9 de octubre la Cámara Baja aprobó el libelo presentado por parlamentarios de oposición, el cual de manera muy cuestionable incluía tanto a la exministra Vivanco como al juez Sergio Muñoz, pese a que los hechos por los que se les acusaba eran completamente diferentes. La secretaría general de la Cámara no accedió a la solicitud de dividir la acusación, como requirieron varios parlamentarios, pues según su criterio no había facultades para ello, lo que tendría que ser ponderado en la cuestión previa, la que finalmente fue rechazada por la sala, de modo que se votó el libelo como un todo. Posteriormente, una semana después, el Senado, en su calidad de jurado, votó por separado ambas acusaciones, declarando la culpabilidad de los dos magistrados.

La exministra Vivanco, por su parte, ya había sido destituida por el propio pleno del máximo tribunal -un día después de que la Cámara aprobara el primer libelo-, luego de que se abriera un cuaderno de remoción en su contra. De allí que no se entienda que el 14 de octubre la Cámara aprobara -por 131 votos a favor- un nuevo libelo el contra de la exjueza, presentado por parlamentarios oficialistas, que se refería a hechos idénticos sobre los que ya se había pronunciado en la acusación anterior, y que estaba a punto de resolver la Cámara Alta.

Aunque la decisión del Senado de archivar esta nueva acusación despertó la molestia entre varios diputados, quienes acusaron una falta de consideración por parte de la Cámara Alta, haber seguido adelante con ella habría implicado complejos precedentes. Es a la Cámara Baja a la que toca reflexionar sobre su actuar en este caso, que ya habiendo incurrido en un proceder muy discutible, como fue mezclar dos casos en un mismo libelo, insistió en una nueva acusación consciente de que versaba sobre los mismos hechos.

Lo sucedido debería servir para abrir un debate tendiente a revisar los procedimientos para tramitar acusaciones constitucionales, de modo de clarificar mejor las atribuciones y límites del proceso.