Señales de alerta por inmigración irregular

Las tensiones producto de los mayores flujos migratorios hacia el país -uno de cuyos efectos más evidentes ha sido el fuerte incremento de los ingresos irregulares, que en los dos últimos años ha experimentado un crecimiento desorbitado- han llevado a que oficialismo y oposición se recriminen mutuamente la responsabilidad por no haber sabido manejar apropiadamente el fenómeno.

Una revisión de las cifras -tal como lo reveló un reportaje publicado en este medio, con un análisis de lo que ha ocurrido en la última década- es ilustrativo en cuanto a que hubo distintas señales en el tiempo de que podría producirse un cuadro descontrolado, sin que se tomara medidas correctivas mucho más eficientes.

Es claro que desde 2015 se observa un mayor interés por migrar hacia el país, donde además del tradicional flujo de peruanos y colombianos se aprecia con especial fuerza la llegada de venezolanos -que en pocos años ha pasado a convertirse en el colectivo de extranjeros más numeroso en el país- y haitianos. El flujo de estos últimos se multiplicaría con fuerza entre 2016 pero sobre todo en 2017, cuando el resultado neto llegó a más de 103 mil haitianos, en circunstancias que en 2014 fue menos de cuatro mil. Lo propio ocurriría en el caso de los venezolanos, donde en 2018 el flujo neto alcanzó a 188 mil personas.

El número de extranjeros viviendo en el país -de acuerdo con estadísticas oficiales- ya alcanza del orden de 1,5 millones de personas, representando cerca del 7% el total de la población del país, tres puntos porcentuales más de lo que se registraba en 2017. No hay duda de que detrás del fenómeno hay expectativas de llegar a un país que ofrece mejores condiciones de vida, así como el dramático deterioro en las condiciones políticas y económicas de algunos países, como ha sido el caso de Venezuela y de Haití.

Chile ha logrado importantes beneficios con la llegada de extranjeros, pero probablemente la contracara ha sido el ingreso por pasos ilegales, que en 2021 superó los 57 mil casos. Esta cifra viene creciendo sostenidamente desde 2018, cuando se escaló a más de seis mil personas, en circunstancias que en los años previos la cifra no superaba los tres mil casos. La falla en el adecuado control de las fronteras -sobre todo cuando son tan extensas, como es el caso chileno- representa una dificultad para todos los gobiernos, pero queda ya a la vista que esta falencia debe ser uno de los aspectos que urgentemente se aborden en cualquier solución a la crisis que parece estar incubándose.

Otro efecto que también se advierte ante la falta de mayores controles y del adecuado registro de quienes permanecen regularmente en el país, es el aumento de extranjeros que trabajan informalmente. Esto trae aparejados una serie de impactos sociales, y desde luego el fenómeno es particularmente notorio en la zona norte. La nueva política migratoria, aprovechando que ya se cuenta con una nueva ley y su respectivo reglamento, debe servir para generar los incentivos correctos, de tal manera que favorezca la permanencia e ingreso regular, y haga efectivas las sanciones a quienes no cumplan con la ley.