Señales en favor de la inversión

La inversión es fundamental para garantizar el crecimiento futuro. Esto, porque tiene la virtud de apuntalar la actividad en el corto plazo, pero además es el mecanismo más eficaz para aumentar la capacidad productiva del país, generar nuevos empleos y crear las condiciones para mayor actividad económica.

No obstante, las decisiones de inversión son muy susceptibles al marco político-económico que impera en un país y su resultado en el diseño e implementación de políticas públicas. Es por esto que lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando se rechazó el proyecto que buscaba suspender los plazos con los que cuenta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -lo que en la práctica paralizaba el proceso de inversión en el país-, es una buena noticia en medio de una preocupación creciente por la evolución de la inversión en el país.

La iniciativa legal -que fue rechazada por 71 votos en contra y 64 a favor- perseguía suspender el periodo que establece la Ley General de Medio Ambiente para la aprobación ambiental de los proyectos, asumiendo que mientras dure el Estado de Catástrofe se dificultaba la participación ciudadana, entre otras razones. Esto, por cierto, soslayaba que gracias a la crisis se ha desarrollado la capacidad de sostener de manera remota diversas actividades -que antes eran impensadas si no se daban de manera presencial- como audiencias judiciales, trámites de diversa índole, hasta la propia deliberación legislativa.

Sin embargo, lo estrecho de la votación tiene que servir de señal de alerta. Una parte importante de los diputados parece desconocer los efectos que puede tener una virtual paralización de los proyectos de inversión. Al respecto, resulta especialmente ilustrativo el informe trimestral que ayer presentó el Banco Central. Allí se indica que antes de los efectos de la pandemia del coronavirus la formación bruta de capital fijo ya se había desacelerado bruscamente, de crecimientos en torno al 5% a mediados del año pasado a un 0,4% en el primer trimestre de 2020. Este débil desempeño todavía no incorpora los ajustes adicionales que se observarán el resto del año como consecuencia de la crisis asociada al Covid-19, que perfectamente pueden llevar a caídas anuales de la inversión por sobre los dos dígitos, como por ejemplo proyecta la Corporación de Bienes de Capital para este año.

Los parlamentarios deben ser capaces de anticipar los efectos indeseados que muchas de sus iniciativas tienen en la economía, por más atractivas que estas parezcan en el corto plazo. Esas externalidades son las que inciden directamente en la generación de empleos o en la evolución de los salarios, preocupaciones que parecen ser prioridades de los congresistas en sus alocuciones públicas, pero que al momento de evaluar proyectos de ley son completamente ignoradas. Es fundamental que el proceso legislativo sea capaz de prever los efectos de segunda vuelta que conllevan sus iniciativas y que sean conscientes del escenario crítico en materia económica que vive el país.