Señales para reactivar la inversión

En los últimos días se han hecho anuncios de grandes inversiones en el país. Freeport-McMoRan reveló un gran proyecto minero por unos US$7.500 millones, que busca la expansión de El Abra e incluirá una planta concentradora, una planta desaladora de agua de mar y un sistema de impulsión de agua desalada. Por su parte, el consorcio HNH Energy anunció un megraproyecto por US$11.000 millones para producir y exportar amoníaco verde, en base a hidrógeno verde.

Estas iniciativas son, sin duda, una buena noticia para el país. En el anuncio que hizo Freeport-McMoRan se destacó que el tono del gobierno “ha cambiado significativamente desde su periodo electoral inicial”, porque “se ha enfrentado a la realidad de la necesidad de que Chile ayude a apoyar al sector minero”. Además, mencionó la importancia de haber despejado la discusión del royalty y el avance del proyecto de ley que agiliza los permisos.

Es innegable que contar con reglas claras y estables es el camino que puede abrir oportunidades para ampliar la inversión productiva. Hay que recordar que la formación bruta de capital fijo retrocedió el año 2023 en 1,1% y se espera que este año anote otra caída adicional. Este no es un fenómeno nuevo. En la década previa a 2014 la inversión creció a una tasa promedio anual de 9,7%, mientras en la década posterior lo hizo a un débil 0,7%.

Los llamados desde el sector privado a dejar de lado los discursos antiempresa y aclarar las reglas del juego han sido frecuentes, y en la medida que comienzan a despejarse las variables que influyen en las decisiones de los inversionistas, comenzamos progresivamente a ver mejores resultados.

Este par de grandes proyectos en los sectores minero y de recursos naturales puede ser el primer paso de una nueva camada de iniciativas de alto impacto productivo y económico. Para que eso ocurra, es fundamental cerrar la discusión tributaria, profundizar un ambiente proinversión y concluir la tramitación de los proyectos de ley de permisos sectoriales y ambientales, asegurándose de que su articulado agilice la tramitación y garantice la certeza jurídica. Es preocupante que la reforma asociada a los permisos ambientales, pese a los avances que implica en algunas materias, no ha despejado la preocupación que se sigue observando en muchos de los titulares de grandes proyectos de inversión, ya que aumentará las exigencias en las declaraciones de impacto ambiental y sigue dejando espacios de incertidumbre respecto de los procesos de participación ciudadana.

Los anuncios de inversiones son una excelente noticia, pero solo quedarán en eso si los procesos de tramitación ambiental y sectorial no logran concluir en plazos razonables. Es lamentable constatar que los trámites para que un proyecto en Chile vea la luz están demorando en promedio unos 4 años, con algunas iniciativas que llevan casi una década esperando su aprobación. Incluso algunos proyectos son paralizados después de concluir su tramitación ambiental por municipalidades u otras reparticiones públicas.

Si Chile quiere dar el siguiente paso hacia el desarrollo debe dar las garantías para que los inversionistas se atrevan a poner sus capitales en una región tan compleja como la nuestra. Las señales son importantes, pero mucho más los hechos.