Señales preocupantes de violencia escolar

Como una “explosión de violencia” fueron catalogados por el ministro de Educación los reiterados sucesos de falta de convivencia escolar que han salido a la luz pública en el marco del reciente retorno a clases presenciales. Como botón de muestra, las denuncias de maltrato físico y psicológico entre estudiantes que ha recibido la Superintendencia de Educación en los veinte primeros días del año escolar, han superado en más del 20% al promedio anual del 2018 y 2019. Detrás de las cifras, se esconden comunidades afectadas, y una opinión pública alarmada con aquellos casos de mayor connotación, como fueron las manifestaciones y “funas” por casos de abuso y acoso sexual, o miembros de la comunidad agredidos con armas blancas. Pero también las redes sociales han estado presentes, como el temor que ha generado la viralización de videos en que se amenaza con una “masacre escolar”.

Se había anticipado que el retorno a clases iba a venir acompañado de desafíos. Los cierres prolongados de establecimientos educacionales desde el inicio de la pandemia han significado crecientes costos psicosociales, pérdidas de aprendizajes y riesgos de exclusión escolar. Pero la magnitud de los hechos conocidos ha tomado por sorpresa a las autoridades, y sin duda que numerosas comunidades se han visto sobrepasadas. Si bien es pronto para aventurarse en explicaciones definitivas, se trataría de un fenómeno multifactorial. Algunas de las razones que se han esgrimido indican que estaríamos frente a un debilitamiento de las relaciones sociales de los alumnos y de sus familias, producto del encierro que detonó la pandemia. Esto, porque el aumento de síntomas depresivos y la falta de motivación, entre otros factores, lleva, muchas veces, a menores grados de autorregulación, y por tanto, a una mayor dificultad para detener impulsos violentos. Pero un factor que tampoco podría descartarse es la ambigüedad con que se ha condenado la violencia en los últimos años, lo que probablemente ha llevado a que parte de las nuevas generaciones la consideren como un mecanismo legitimo.

La solución al fenómeno dista de ser inmediata. Esta debe resolverse en la escuela, respetando su autonomía para hacer frente a los problemas de violencia que enfrentan, en tanto que las autoridades deben generar las condiciones necesarias para brindar apoyo con herramientas que permitan un adecuado equilibrio entre una educación socioemocional y la disciplina, incentivando a los apoderados a ser parte de una estrategia común. Aunque aún dista de ser una crisis generalizada, las señales de que la violencia escolar podría estar escalando -especialmente en algunas de sus peores formas, como la agresión física o el ciberacoso- requiere que el tema sea tratado con la debida importancia y prioridad.

Si bien el gobierno ha buscado generar instancias de soporte a las comunidades, e incluso puso en marcha una mesa intersectorial además de una estrategia de bienestar y convivencia, se podría catalogar de simplista aquella medida que busca flexibilizar el horario escolar, amparándose en la creencia de que el regreso abrupto a la presencialidad durante ocho horas, en jornada escolar completa, indujo a una suerte de “estallido de violencia”. Es temprano para afirmar una causalidad en donde la asistencia sería la responsable, cuando justamente la presencialidad y sus insustituibles beneficios requieren que las autoridades transmitan confianza a la ciudadanía.