Sentido de urgencia ante crisis de Isapres

A partir del próximo mes las Isapres deberán aplicar una baja en el precio de la prima GES, en virtud del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el reajuste que las aseguradoras venían aplicando desde octubre del año pasado, lo que implicará una reducción de 12% en los ingresos del sistema. El máximo tribunal desestimó una prórroga respecto de dicho fallo, como había solicitado el Ejecutivo, lo cual ha obligado a acelerar las soluciones legislativas con el fin de evitar que el sistema pueda entrar en una situación de colapso, algo que se prevé como inminente de no tomarse medidas urgentes.

Haciéndose eco de esta situación, el gobierno incluyó una indicación en el proyecto de reajuste al sector público, en la cual se busca adelantar el Índice de Costos de la Salud (ICSA) para que de esa manera el reajuste anual del precio base de los planes pueda entrar en vigor en abril, en vez de junio, con lo cual las Isapres podrían compensar de algún modo la merma de ingresos que implica la rebaja del GES. La indicación del Ejecutivo fue inicialmente resistida por diputados oficialistas, argumentando que no estarían disponibles para un salvataje de las Isapres. Ante ello el gobierno desplegó una serie de negociaciones, que concluyeron en un protocolo de acuerdo que finalmente permitió que ayer se aprobara el proyecto en la Cámara.

En paralelo, en la Comisión de Salud del Senado ha seguido avanzando la tramitación de la llamada “ley corta” de Isapres, iniciativa del gobierno que introduce una serie de cambios para poder implementar otro fallo de la Corte Suprema, relativo a la tabla de factores, producto del cual las aseguradoras se verían obligadas a restituir cuantiosos recursos a los afiliados. Si bien hay serias dudas de que la iniciativa sea una solución de fondo a esta crisis, existe el compromiso de poder despacharla prontamente.

A diferencia de lo que se había observado en los meses previos, donde el gobierno parecía muy prescindente ante el eventual colapso de las aseguradoras, esta vez se ha podido apreciar en el Ejecutivo -también en algunos parlamentarios- un mayor sentido de urgencia y comprensión de lo que está en juego. La ministra de Salud ha señalado que la situación es “crítica” y que podría tener “consecuencias muy graves si no tomamos cartas en el asunto”, en tanto que el Superintendente de Salud, en su exposición ante los diputados, señaló que de no aprobarse lo relativo al ICSA ya en febrero una Isapre entraría a incumplir los indicadores financieros, y progresivamente se irían sumando otras.

Aunque tardío, sin duda es un paso en la dirección que las autoridades ya no disimulen la gravedad de la crisis, y que transmitan que lo que se busca con esta fórmula de emergencia no es un “salvataje” de las Isapres, sino velar por los derechos de los millones de usuarios del sistema. Con todo, es incongruente que frente al serio peligro que corre el sistema de salud, las mayores energías del gobierno aparezcan puestas en la reforma previsional, en circunstancias que todos los esfuerzos, tanto del Congreso como del Ejecutivo, deberían estar puestos en asegurar que no se produzca un colapso del sistema Isapres, sobre todo cuando se cuestiona que la fórmula propuesta por el gobierno en la “ley corta” -que desechó la mutualización propuesta por un comité transversal de expertos- cumpla con dicho objetivo.