Servicios básicos e inconstitucionalidad
La decisión del gobierno de no recurrir al TC por el proyecto que suspende el pago de servicios básicos ha resultado compleja, por el precedente que podría sentar.
El Congreso finalmente despachó a ley el proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos durante una alerta sanitaria -agua, electricidad y gas de red-, estableciendo también medidas excepcionales para telefonía e internet, beneficio al que podrá acceder el 60% más vulnerable de la población.
La tramitación de esta iniciativa -originada en mociones- no fue sencilla, en especial porque el Ejecutivo así como parlamentarios oficialistas hicieron ver que podría haber aspectos inconstitucionales en juego, ya que a las empresas se les estarían cambiando los contratos de sus respectivas concesiones sin compensación alguna, sin perjuicio de que no se trata de un no pago sino de una postergación del pago de las cuentas, las que serán servidas en cuotas sin cobros adicionales para el cliente.
El gobierno finalmente decidió no recurrir al Tribunal Constitucional (TC), quedando aún por despejarse si acaso recurrirá al veto, como han solicitado parlamentarios oficialistas, opción que parece estar cobrando fuerza. Entre las razones que habrían pesado en La Moneda para no interponer una acción ante el TC, se contarían que no habría habido una opinión unánime entre los expertos consultados por el gobierno en cuanto a que se estaría frente a una inconstitucionalidad, así como el hecho de que algunos parlamentarios oficialistas dieron su aprobación al proyecto. Asimismo, el que actualmente existan delicadas negociaciones con la oposición para aprobar los proyectos de ley que materialicen el plan de emergencia alcanzado fruto de un amplio acuerdo político, también habría incidido para abstenerse de una impugnación, para no ponerlo en riesgo.
El hecho es que la decisión de no haber recurrido ante el TC ha generado fuertes críticas desde el propio oficialismo, lo que deja al gobierno en una incómoda posición. Pudiendo ser ésta una materia opinable sobre su constitucionalidad, como regla general es fundamental que el Ejecutivo fije una postura respecto de un proyecto -ya sea a favor o en contra-, y se atenga a ella. Sería cuestionable que si tuvo la convicción asentada de que había visos de inconstitucionalidad o de que la continuidad de las reglas se puso en riesgo renunciara a defender su posición, porque con ello sienta un delicado precedente tanto por no defender la institucionalidad apropiadamente, como por el hecho de que alienta a que sigan proliferando iniciativas inconstitucionales, algo recurrente en el último tiempo.
Debe asimismo calibrarse otro precedente que se puede haber configurado aquí. Todas las empresas de servicios básicos ya habían acordado en forma voluntaria con sus clientes facilidades para el pago de las cuentas, absteniéndose de cortar los servicios. El que abruptamente el Congreso decida transformar en ley esos procesos voluntarios sin que además se ponderen adecuadamente todos los efectos futuros que puede conllevar tal obligatoriedad, genera un clima de desconfianza que en el delicado momento actual resulta aún más perjudicial.
