“Sexto retiro”: un llamado a la responsabilidad

La Comisión de Constitución, que preside Raúl Leiva (PS), reactivará el debate.

El devastador efecto inflacionario de los anteriores retiros y su impacto en las futuras pensiones deberían ser motivos suficientes para que los parlamentarios antepongan los intereses del país y cierren definitivamente la puerta a nuevos rescates.



Luego de haberse cumplido un año desde que se rechazó el llamado “quinto retiro”, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha comenzado la tramitación de seis mociones que apuntan a un nuevo rescate desde los fondos de pensiones, popularmente conocido como “sexto retiro”. Las iniciativas son muy diversas, pues mientras algunas apuntan a rescates acotados, en otro caso se promueve el retiro del 100% de los fondos. Es mucho lo que el país se juega aquí, pues insistir en esta política no solo abre enormes riesgos desde el punto de vista macroeconómico, sino que además el sistema de pensiones seguiría drenándose, con nocivos efectos sobre las futuras jubilaciones.

El ambiente en esta oportunidad aparece menos inclinado en favor de los retiros. El hecho de que el “quinto retiro” lograra en 2022 solo 70 de los 93 votos requeridos en la Cámara, y que el Congreso desestimara hace algunas semanas un proyecto de “autopréstamo” -que no era sino un burdo retiro encubierto-, hacen suponer que más parlamentarios han tomado conciencia acerca de los riesgos de seguir por este derrotero. Tampoco cabe desestimar el hecho de que si bien la mayoría de quienes hoy gobiernan votaron a favor de los retiros, ahora el gobierno ha cerrado filas en contra de esta idea. Pero a pesar de estas señales, sigue existiendo un número considerable de parlamentarios que apoya esta medida -ello en forma transversal-, y que incluso han hecho de esto su bandera en la campaña constitucional, como el Partido de la Gente.

El país no puede darse el lujo de seguir cayendo en la trampa populista. Los tres retiros ya concretados implicaron el drenaje de más de US$ 51 mil millones, implicando que cerca de 3,8 millones de afiliados al sistema de AFP agotaron en algún momento sus fondos. Los efectos que ello ha tenido para la economía son elocuentes. Su impacto más tangible se vio en materia inflacionaria, donde la combinación de retiros más las ayudas que entregó el Estado en la forma de IFE fueron determinantes para explicar el shock inflacionario, que en su peak escaló hasta el 14%. El Banco Central ha sido claro en advertir que el riesgo inflacionario sigue presente, lo que ha impedido poder iniciar una normalización de la tasa de interés de referencia.

Un nuevo retiro, similar a los anteriores, implicaría inyectar más de US$ 16 mil millones a la economía, lo que no haría sino prolongar mucho más de lo necesario el ajuste, con todo lo que ello conlleva en empleo y crecimiento. Pero aún peor, más de cinco millones de personas podrían quedar con saldo cero en sus cuentas, algo que en mayor proporción afectaría a mujeres.

Estos antecedentes deberían ser suficientes para que los parlamentarios tomen conciencia de que su primera responsabilidad es con el país, y por tanto deberían cerrar la puerta definitivamente a los retiros. Desde un punto de vista electoral tampoco parece haber razones poderosas para insistir en este tipo de proyectos, pues tal como lo demostró una investigación llevada a cabo por investigadores de la UAI, el rédito electoral de apoyar retiros es relativo. Si bien se observa que los parlamentarios que promocionaron los tres proyectos aumentaron sus probabilidades de ser electos en 2021, su efecto es más claro en los parlamentarios que patrocinan dichas iniciativas, y no tanto en quienes las secundan; además, se concluyó que los electores no premiaron el intento de cuarto retiro, el que se dio en un escenario de sobrecalentamiento de la economía.

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