Sigue la incertidumbre sobre las Isapres

La Superintendencia de Salud confirmó que solicitará a la Corte Suprema una nueva prórroga para efectos de poder implementar el fallo sobre tabla de factores y los menores de dos años que el máximo tribunal dictó a fines de noviembre del año pasado. Debido a las enormes complejidades que reviste poder llevar a cabo esta sentencia -que entre otros aspectos implica que las Isapres deberán restituir a los afiliados del orden de US$ 1.400 millones, monto que ha puesto en riesgo de colapso a las aseguradoras-, el regulador ya había solicitado en el mes de mayo a la Corte una prórroga, la que fue concedida por un plazo de seis meses, el cual vence en noviembre.

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley corta con el fin de poder hacer operativo este fallo, para lo cual, además de introducir una serie de cambios para reforzar Fonasa, se busca dotar de nuevas facultades a la Superintendencia y permitir que cada Isapre proponga un plan de pago. Distintas voces han alertado que dicha iniciativa resulta del todo insuficiente para hacerse cargo de esta crisis, porque es una fórmula que no se hace cargo del estrés financiero en que actualmente se encuentran las aseguradoras -que desde hace algunos años vienen operando a pérdida-, y cuando producto del fallo además los ingresos de estas se verán disminuidos porque todos los planes deberán ajustarse a una tabla única. A ello se suma que otro reciente fallo de la Corte revirtió el reajuste que se había decretado el año pasado respecto de la prima GES.

Resulta especialmente preocupante que cuando restan poco más de 60 días para que expire el plazo no solo la norma propuesta es insuficiente, sino que además ésta ha tenido escasa tramitación en el Congreso. Es ciertamente desconcertante constatar que cuando ya estamos próximos a cumplir un año del dictamen, ni el Ejecutivo ni el Congreso hayan sido capaces de llegar a una solución que armonice la sentencia con la supervivencia del sistema. Una nueva prórroga aparece entonces como una fórmula inevitable -los propios coordinadores de la comisión técnica asesora de la Comisión de Salud del Senado han alertado que sin una extensión del plazo hay un claro riesgo de que la ley corta llegue demasiado tarde y no logre contener el impacto financiero si es que la sentencia debe empezar a ejecutarse en poco tiempo más-, pero es necesario tomar conciencia del enorme impacto que acarrea para el sistema y sus afiliados el que esta incertidumbre se siga prolongando, sin siquiera tener la certeza de que al cabo de todo ese tiempo se logrará dar con una buena fórmula.

En este debate con facilidad se olvida que alrededor de un 10% de la cartera de afiliados de las Isapres -algo menos de 300 mil personas- se encuentra en algún tipo de tratamiento, por lo que de haber un colapso cabe preguntarse si será posible la continuidad de dichos tratamientos; igualmente inquietante es interrogarse qué podría ocurrir si la mayor parte de quienes hoy están en Isapres se viera forzada a migrar a Fonasa, un sistema que ya presenta abultadas listas de espera.

Es urgente que tanto el Ejecutivo como el Congreso agilicen la tramitación de la norma, porque no es aceptable seguir con este nivel de incertidumbre, y a la vez que puedan dar garantías de que se están diseñando fórmulas que aseguren que los afiliados no se verán perjudicados.