SLEP de Atacama: una crisis largamente anticipada

La escandalosa realidad que vive el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, donde producto de la paralización de los profesores las clases llevan más de dos meses suspendidas, afectando con ello a unos 30 mil alumnos, es una crisis que fue largamente anticipada. Los informes que desde 2018 ha emitido el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública son elocuentes, y por lo mismo sorprende que no se hayan tomado medidas correctivas de fondo mucho antes.

El caso de Atacama es el que ha adquirido mayor notoriedad, producto de las graves irregularidades que están empezando a quedar al descubierto, pero en los restantes SLEP ya instalados -para 2029 debería completarse el proceso de traspaso de colegios municipalizados hacia los SLEP, con un total de 70 entidades- también es posible advertir en varios de ellos que algunos de los problemas detectados en Atacama se repiten con distintos grados de intensidad. Esto desde luego pone en entredicho la afirmación del ministro de Educación, quien ha insistido en que lo que ocurre en la zona norte es una situación particular, que no refleja la realidad del resto de los SLEP; también llama profundamente la atención que el director de la Dirección de Educación Pública tenga una visión tan optimista del proceso, minimizando los problemas que saltan a la vista y que por cierto dañan aún más a la ya maltratada educación pública.

Los informes del Consejo de Evaluación detectaron tempranamente una excesiva dotación en el caso de Atacama -principalmente de asistentes de la educación y docentes-, como también que la carencia de profesionalización que se advertía en los municipios se ha heredado en algunos de los SLEP. Estas advertencias se han venido reiterando en sucesivos informes. Una de las prácticas que fueron alertadas es que antes de los traspasos distintos municipios abultaron sus plantas docentes o las remuneraciones, para asegurar que dichas condiciones se mantuvieran una vez concretado el traspaso. Eso se ha traducido en que al tener que financiar plantas abultadas y más caras una serie de SLEP acusen déficits presupuestarios, lo que desde luego supone un uso ineficiente de los recursos e impide invertir más en el fortalecimiento de la calidad de la educación.

Ha sido también evidente el déficit de capital humano avanzado con que se encuentran los SLEP, pues una serie de cargos han debido ser llenados forzosamente con postulantes que estuvieran previamente trabajando en las direcciones de educación municipal o corporaciones de las comunas respectivas, lo que es una barrera para poder contar con el personal más idóneo atendidas las mayores responsabilidades que tienen los nuevos servicios. El que altos cargos directivos igualmente requieran ser visados por instancias de composición política no ha eliminado los riesgos de politización en estas nuevas entidades, tal como ha quedado a la vista en Atacama, donde dos concejales del PS y que eran parte de los SLEP debieron dejar sus cargos.

Los serios problemas que se han detectado en el traspaso de infraestructura educacional desde los municipios a los SLEP, y el hecho de que en virtud de ello las municipalidades muchas veces dejen de invertir en colegios que ya no estarán bajo su dependencia, es otro factor que ha añadido más dificultades para una adecuada gestión de estos.

Ciertamente la falta de recursos siempre será un problema, pero la mayor falla parece estar en deficiencias en materia de gestión y en un diseño que brinda escaso margen de flexibilidad para los directivos. Sin cambios de fondo, la promesa de una mejor educación pública arriesga con desvanecerse.