SEÑOR DIRECTOR:
Dos aspectos clave deben rescatarse de las recientes y deplorables situaciones. Primero, ha quedado de manifiesto que el abuso de poder en Chile no responde a colores políticos ni está sujeto a autocrítica. El aforismo quis custodiet ipsos custodes (¿quién vigila a los vigilantes?) cobra más relevancia que nunca. Segundo, tanto las autoridades como la ciudadanía parecen ignorar profundamente el concepto de consentimiento en la interacción sexual, así como el jurídico de violación. No se comprende que una persona no deja de ser víctima de un delito por demorar en denunciar, ni por la ausencia de resistencia física. Los casos de Jorge Valdivia y Manuel Monsalve refieren a víctimas inconscientes. El consentimiento debe ser expreso y actual, aun entre cónyuges, y su ausencia es absoluta siempre en personas indemnes (menores de 14 años).
El consumo de alcohol, drogas, o el hecho de invitar a alguien al hogar, no presume consentimiento sexual; en todo momento una persona puede retractarse. Resulta desmoralizante percibir el déficit de educación cívica, tanto en lo concerniente a la sexualidad como a los derechos ciudadanos. Es imperativo que la academia, la clase política y la sociedad civil, especialmente aquellos con competencia en la materia, asuman una labor divulgativa y pedagógica como mínimo deber cívico. Los políticos, por su parte, deben abandonar los eslóganes partidistas-utilitaristas cargados de contenidos que ni ellos mismos comprenden. Las y los docentes, a su vez, tenemos la obligación de comunicar el conocimiento de forma accesible, no exclusivamente dirigida a una élite intelectual, sino enfocada en los problemas sociales reales.
Alejandra Castillo Ara
Directora del Departamento de Derecho Penal UDP
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