Sorpresiva extensión del IFE Laboral

El gobierno ha propuesto la extensión del IFE Laboral hasta junio de este año, lo que ocasionó roces con el futuro ministro de Hacienda , quien manifestó su incomodidad debido a que la medida no fue consultada con la nueva administración. Este mecanismo, que pretende estimular el empleo, consiste en un subsidio transitorio, pagadero directamente al trabajador que habiendo estado cesante encuentra un empleo formal. El subsidio es significativo -60% del sueldo en el caso de mujeres, con un tope en 250 mil pesos por mes, y el 50% del sueldo, con tope de 200 mil pesos mensuales, en el caso de los hombres- y puede obtenerse por un máximo de tres meses. Unos 800 mil trabajadores han accedido al subsidio desde su creación, hacia agosto de 2021.

Se estima que, por su diseño, el IFE Laboral puede jugar un rol positivo en la actual coyuntura, cuando tras la crisis social y la posterior pandemia subsiste un problema mayor en el mercado laboral. Efectivamente, hasta antes del “estallido social” la ocupación total en el país, medida como porcentaje de la población en edad de trabajar (mayores de 15 años), fluctuaba en torno a 58%. En la actualidad esa proporción alcanza solo al 54%. Esa diferencia indica que para volver a esa “normalidad” observable hasta mediados de 2019 en el mercado laboral debería haber un número cercano a los 700 mil ocupados adicionales. Si ese faltante de empleos -formales e informales- no se refleja hoy en una alta tasa de desocupación es porque gran parte de esa población que no está ocupada y permanece por ahora fuera de la fuerza de trabajo, esto es, sin intentar obtener un trabajo: cuando en 2019 un 63% de la población en edad de trabajar participaba en la fuerza de trabajo, a diciembre de 2021 esa fracción alcanzaba solo al 58%.

Así, subsiste una seria preocupación porque la tasa de desocupación oficialmente medida, que viene descendiendo desde el 10,3% un año atrás y que ya alcanza al 7,2% de la fuerza de trabajo, esconde un problema potencial, como es la eventual vuelta a interesarse por un trabajo de ese contingente de cerca de 700 mil personas, y un problema muy concreto, como es la actual falta del aporte al ingreso familiar de ese contingente.

Las medidas derivadas del “estallido social” y la pandemia han representado un cambio mayor en las finanzas públicas chilenas. El Fisco pasó de tener deuda neta negativa, antes de estos eventos, a una deuda neta positiva y en torno al 31% del PIB a fines de 2021. Más allá de la magnitud de ese cambio, pesan también en la ponderación de los agentes económicos la incapacidad mostrada recientemente por el Parlamento para encauzar adecuadamente demandas ciudadanas por más recursos, la incertidumbre generada por aspectos controversiales del programa de gobierno de Apruebo Dignidad, o por el tono refundacional de ciertas propuestas emanadas de la Convención Constituyente, además de una inflación ya instalada, todo lo cual hace necesario ajustar el gasto público para evitar mayor inestabilidad.

En estas circunstancias se entiende el interés de las autoridades entrantes de Hacienda por las medidas fiscales que se adopten hasta el cambio de gobierno. Lo probable, sin embargo, es que, dentro de un cuadro de austeridad fiscal como el requerido, sean precisamente los estímulos al empleo donde deban seguir aplicándose recursos públicos, en atención a la precariedad de la actual situación del mercado laboral.