Sorpresivo reimpulso a la condonación del CAE

Inesperadamente, desde la cartera de Educación se anunció esta semana que el gobierno enviará dentro del primer semestre del próximo año un proyecto para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y que además incluirá un plan de condonación, ratificando así el compromiso de campaña asumido por el Presidente Gabriel Boric.

El anuncio causó sorpresa, porque además de que al parecer no fue oportunamente comunicado a los propios partidos oficialistas, no entrega ningún detalle respecto de lo que el mismo gobierno lleva anunciando desde hace tiempo, excepto en lo relativo al plazo de presentación, que será antes de que comience a tramitarse la Ley de Presupuestos para 2025. Puesto que no hay elementos nuevos, llama la atención que dicho anuncio se haya hecho justo en medio de la campaña electoral de cara al plebiscito del 17 de diciembre, lo que desde luego resulta profundamente inconveniente ya que contamina el debate político. Sectores de oposición de hecho han hecho ver que detrás de esto habría una intención meramente electoral, y desde esa óptica sería lamentable que promesas de campaña se pudieran estar utilizando con este tipo de fines, una práctica que en el pasado ya ha sido utilizada y que crispó mucho el ambiente.

Pero más allá de eso, el reimpulso que se busca dar a la condonación del CAE vuelve a relevar las equivocadas prioridades del gobierno en materia educacional, completamente alejadas de lo que son las verdaderas urgencias en este sector, y que a estas alturas son cuestiones críticas. El país viene saliendo de un extenso paro docente que dejó a más de 30 mil alumnos de Atacama sin clases por un espacio de 77 días, a raíz de los graves problemas que se arrastran en el proceso de traspaso de colegios municipales al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Allí han quedado de manifiesto irregularidades en el manejo presupuestario, asignación de cargos por afinidades políticas, deplorables condiciones de la infraestructura, falta de supervisión, entre otros problemas que fueron largamente diagnosticados, al punto que recientemente se ha tomado la decisión de suspender a nivel nacional los procesos de traspaso hacia los SLEP, hasta que no exista mayor claridad sobre los diagnósticos y medidas correctivas que corresponde adoptar. Lo que aquí está en juego es el destino de la educación pública y los millones de estudiantes que allí se educan, por lo que es incomprensible que los mayores énfasis aparezcan en el financiamiento de la educación superior.

También representa un total contrasentido que en plena emergencia educativa, cuando las tasas de deserción y recuperación de aprendizajes siguen siendo una deuda pendiente y no se observan avances sustantivos, las energías y los escasos recursos no se estén focalizando en estas urgencias, considerando que estas falencias pueden comprometer los procesos formativos de toda una generación.

El gobierno usa como justificativo para el reimpulso de la condonación del CAE el protocolo de acuerdo que se firmó con los parlamentarios para destrabar la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2024. En el punto 29 se lee que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.

Su redacción no es explícita en cuanto a que habrá una condonación del CAE, pero el compromiso que ha tomado el gobierno abre una serie de flancos que no se han aquilatado debidamente. Desde luego, el mayor riesgo es que frente a este anuncio la tasa de morosidad de los deudores CAE siga aumentando, ante la expectativa de que habrá un “perdonazo”. La morosidad ya se acerca al 60% de los deudores, y fue evidente que cuando se hizo esta promesa de campaña, así como en aquellas oportunidades en que el Mandatario ha reiterado este compromiso, los impagos aumentaron sustantivamente. Se ha podido observar que la morosidad aumentó sobre todo en quienes ya son profesionales -y no tanto en aquellos estudiantes que han terminado desertando-, por lo que ante un anuncio que no pone ningún tipo de condicionante la señal que se da es que en la práctica funcionará como un estímulo para dejar de pagar, aumentando así la deuda.

También resulta irresponsable que se hagan anuncios de esta envergadura sin que se indiquen las fuentes de financiamiento. Se ha estimado que la condonación del CAE podría costar del orden de US$ 10 mil millones, cifra que parece imposible que pueda ser absorbida fiscalmente -este mes debería anunciarse además la fórmula para compensar a los profesores ante la llamada “deuda histórica”-, sobre todo cuando Hacienda insiste que los recursos por recaudación que se espera obtener con el pacto fiscal no serán destinados al CAE.

Es muy discutible por lo demás que se necesite diseñar un nuevo sistema de financiamiento cuando el CAE ya ha sido reformulado, fijando una tasa de 2% real anual, y limitando el monto de pago mensual según ingresos, condiciones a las cuales también pueden acceder los deudores que se encuentren al día en sus pagos. Pero en la medida que se alimenten las expectativas de futuras condonaciones y que incentiven el no pago, todo el sistema se daña.