Sostenibilidad de las finanzas públicas

La reciente publicación del cierre del año fiscal para el 2023, con un mayor déficit efectivo (2,4 puntos del PIB) y nivel de deuda (39,7 puntos del PIB) respecto del proyectado, sumado a las alertas levantadas recientemente por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) abrieron nuevas interrogantes y preocupaciones sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.

Cabe recordar que hace un año, el gobierno celebraba el resultado fiscal que alcanzó un inédito superávit; sin embargo, en su momento varios especialistas llamaron a la prudencia ya que dicho resultado no era sostenible en el corto plazo, considerando que su origen se explicaba por los ingresos extraordinarios del litio -el cual había alcanzado precios récord- y en consecuencia se debía mantener el esfuerzo por reducir el déficit estructural.

En paralelo, el CFA, en un reciente informe, alertó sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas sobre la base de las metas de balance estructural definidas por el Ejecutivo para el período 2024-2026. Ello porque de mantenerse el déficit fiscal comprometido por el Ministerio de Hacienda, se podría sobrepasar el nivel prudente de deuda, estimado en 45 puntos del PIB. Tampoco pasó inadvertido para el CFA el hecho de que el mayor esfuerzo en la reducción del déficit fiscal será responsabilidad de la próxima administración, lo que le suma un elemento más de riesgo para lograr los resultados previstos.

Lo cierto es que esto no es un problema reciente, toda vez que desde la crisis del 2008 hasta el cierre de 2023 no se ha logrado revertir el déficit fiscal. Dicha situación se explica principalmente porque la deuda financiera neta (deuda bruta menos activos del tesoro público) se incrementó en 46,6 puntos del PIB durante el período. Así, mientras los ahorros en el tesoro público cayeron de 17,1 a 5 puntos del PIB, la deuda bruta aumentó en 34,5 puntos del PIB.

La caída del crecimiento potencial sumado a los escasos esfuerzos por contener el crecimiento de los gastos y realizar ajustes a gastos ineficientes, probablemente explican parte importe del fracaso por reducir el déficit y en consecuencia la meta por estabilizar la deuda pública.

Un país con un potencial de crecimiento de largo plazo de 1,9% -según indicó recientemente el Banco Central- y demandas sociales crecientes, difícilmente podrá lograr el equilibrio de sus finanzas públicas, porque para alcanzarlo el gasto público deberá crecer menos de 1%, cuando en períodos normales ha crecido entre 4% y 5%.

De allí que urge por parte del Ejecutivo una mayor ambición para alcanzar la prometida sostenibilidad fiscal, para lo cual resulta indispensable eliminar las ineficiencias del gasto en burocracia y programas de escasa o nula rentabilidad social, junto con acelerar la agenda procrecimiento dejando de lado aquellos elementos que solo agregan una mayor incertidumbre a la inversión. De lo contrario, la incapacidad de estabilizar el crecimiento de la deuda, como alerta el CFA, podría poner en riesgo nuestra clasificación de riesgo, lo que paradójicamente terminará impactando en el costo del crédito de aquellos ciudadanos que justamente hoy se busca ayudar con distintas políticas sociales.