SQM-Codelco: ¿El mejor acuerdo posible?

Luego de intensas negociaciones, finalmente Codelco y SQM suscribieron un memorándum de entendimiento para crear una sociedad conjunta con el fin de explotar el litio en el Salar de Atacama. La actual concesión que explota SQM vencía en 2030, y gracias a este acuerdo podrá seguir haciéndolo hasta 2060, asegurando con ello que la explotación no se vea interrumpida a partir de 2031. La fórmula se enmarca dentro de la estrategia nacional del litio que definió el gobierno, según la cual en las futuras explotaciones del mineral podrán participar privados, pero bajo estructuras societarias donde el Estado tenga el control.

El Presidente de la República, en su reciente cuenta pública, ha señalado que el acuerdo consolidará a nuestro país como uno de los principales productores de litio en el mundo. “Es un triunfo de Chile, no de un gobierno particular”, dijo, en tanto que otras voces han resaltado que se trata de un hito sin precedentes en la relación público-privada. El Mandatario justificó su entusiasmo debido a que el Estado recibirá entre 2025 y 2030 aproximadamente el 70% del margen operacional que genere la nueva producción, mientras que a partir de enero de 2031, por las mismas vías el Fisco recibirá el 85% del margen operacional, considerando el royalty, el canon de arriendo por explotar el salar y el impuesto de primera categoría. Los impulsores resaltan que de aquí a 2030 también se permitirá a SQM aumentar la producción a 300 mil toneladas por año, lo que además de incrementar las ganancias para la compañía, el Estado recibirá más ingresos.

Si bien los mayores márgenes para el Estado, la continuidad operacional y el aumento inmediato de la producción se presentan como las principales razones para justificar este trato directo, en vez de fórmulas alternativas como una licitación internacional, no aparece bien justificado por qué dichos objetivos no se podrían haber alcanzado por otros caminos, o incluso haberlos superado. Desde luego, si bien el Estado se asegura mayor participación en las utilidades, también es cierto que al haberse ofrecido a SQM la posibilidad de un aumento inmediato de la producción era un gancho atractivo para la empresa, aun cediendo márgenes de ganancia en favor del Estado, una alternativa que también se podría haber incluido en una licitación. «

Es cierto que con ese adelanto de producción en el corto plazo gana la empresa y el Fisco, pero para saber si luego de 2030 seguiría siendo una opción tan ventajosa para el Fisco habría que compararlas con las ganancias que podría haber dejado un proceso de licitación. Asumir que la continuidad se podría ver afectada con una licitación no tiene mayor asidero, porque un proceso bien diseñado debe contemplar que ello no ocurra. También se ha señalado que podría haber desalentado nuevas inversiones antes de 2030; si bien ello no es claro que ocurra -salvo en materias de muy largo plazo-, en todo caso con ese predicamento entonces sería muy difícil que una empresa que ganó originalmente una concesión pudiera ser desafiada, obteniendo en la práctica un beneficio a perpetuidad. Detrás de la idea de maximizar la riqueza de un país está justamente la posibilidad de que cada cierto tiempo nuevos operadores puedan entrar a competir con propuestas de mayor valor, donde además de los ingresos fiscales se consideren también otras variables, como el desarrollo de nueva infraestructura, beneficios para la comunidad o desarrollos tecnológicos.

De lo que no hay duda es que el gran ganador con esta operación fue SQM. La empresa, si bien es uno de los mayores operadores de litio a nivel mundial, ha enfrentado permanentes cuestionamientos por la figura de su controlador, Julio Ponce, tanto por el origen de su participación en la empresa -forjada en los tiempos en que Augusto Pinochet era jefe de Estado, de quien era su yerno- como por el escándalo del financiamiento irregular a la política, donde quedó al descubierto que SQM financió irregularmente a políticos de diversos sectores. Su presencia ya había sido objeto de controversia cuando la Corfo negoció con SQM la extensión de la concesión hasta 2030, poniendo como condición que Ponce no integrara el directorio de la empresa. El acuerdo SQM-Codelco tuvo en cuenta la “cláusula Ponce”, estableciendo que nadie que haya ocupado el cargo de director por 10 años continuos o no en alguna de las dos empresas podría ocupar un sillón en la nueva sociedad. Ello sin duda es un costo menor para Ponce -sus hijos desde luego no tienen ninguna restricción-, y no deja de ser irónico que el Presidente y otros miembros del gobierno, en su momento acérrimos críticos de Ponce y promotores de una estatización del litio, le hayan asegurado tan fácilmente a Ponce y SQM otros 30 años en el Salar de Atacama, abriendo además un complejo frente dentro de la propia coalición, considerando que diversas voces han sido muy críticas del acuerdo y ya buscan maneras de cambiarlo. Claramente frente a un escenario así difícilmente se podría decir que todo el país considera a este acuerdo como un “gran hito”.

Más allá de que con la actual fórmula se ha logrado alejar la presión de una empresa nacional del litio -como quería originalmente el gobierno- y se ha encontrado una vía para favorecer la participación de privados, las razones que ha dado la autoridad para no haber llamado a una licitación y preferir el trato directo aún no convencen del todo.