SEÑOR DIRECTOR:
A propósito de la tramitación de este subsidio, el pasado miércoles fui invitado junto a los ministros Marcel y Pardow a la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados. El ministro de Hacienda emplazó al gobierno anterior, ya que la existencia de este mecanismo “nadie me lo dijo”. Al 11 de marzo de 2022 se acumulaba una deuda aproximada de US$ 1.300 millones (hoy vamos en US$ 6.000 millones). ¿Cómo lo sabemos? Porque la CNE informaba todos los meses sobre el monto de la deuda, con especial atención a las comisiones de ambas cámaras.
El gobierno definió que el financiamiento de la ampliación del subsidio a las cuentas de electricidad se realizaría bajo el concepto “autocontenido y autofinanciado”. En otras palabras, el financiamiento debe provenir del sector.
La mitad del financiamiento (US$ 150 millones) proviene de cambios en las reglas del juego de la regulación actual (conocido como “Cargo FET”).
En momentos en que la inversión se ha transformado en un lastre para el crecimiento económico, Chile ha sido duramente criticado hace unos días por los bancos de inversión más importantes del mundo en financiamiento de PMGD, tales como BlackRock, MetLife, KFW, Mitsui, entre otros.
Si entregar este subsidio a las familias es prioridad, es una mala justificación escudarse en el déficit fiscal. Estos recursos deberían ser parte de los US$ 92 mil millones del Presupuesto 2025; de lo contrario, no es prioridad (y es legítimo).
En un país serio como Chile, los cambios regulatorios se discuten en su mérito y no con oportunismo asociado a una urgencia social; situación que, además, provocó el gobierno y no el sector. Lo dejo por escrito para que después no se diga que “nadie me lo dijo”.
Matías Acevedo F.
Exdirector de Presupuestos
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